Tras más de cincuenta años de conflicto, de infraviviendas construidas en muchos casos sin autorización, de carencias de todo tipo y de inseguridad, todos los partidos políticos y las administraciones implicadas se han puesto de acuerdo en cómo solucionar la situación. Y lo han llevado a un pacto que rubricaron todos ayer, en una foto histórica que pretende ser el principio del fin de una situación «incompatible con el modelo de sociedad que queremos», como lo definió la presidenta Cifuentes.

El PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos -a través de sus portavoces autonómicos-, y los ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas, además de la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno, rubricaron el acuerdo, que lleva aparejada la puesta en marcha de los organismos que lo lleven a la práctica: una Asamblea de la Cañada Real, un Comité Ejecutivo y una Comisión de Seguimiento.

Entre otros acuerdos, está previsto que se actúe sobre los 14,2 kilómetros de longitud de la Cañada, en la que viven casi 7.300 personas en 2.500 viviendas, además de contar con comercios e industria. Está previsto estudiar una solución adecuada para los sectores 2 al 5; desmantelar totalmente el sector 6 -el más conflictivo desde el punto de vista de la seguridad-, y una solución que permita consolidar la mayoría de las viviendas del sector 1 (Coslada).

Además, habrá un primer plan de choque que comenzará casi de inmediato, y en el que está previsto que se inviertan 1,5 millones de euros en construir carreteras adecuadas que permitan la recogida de basura, la puesta en marcha de un servicio de Correos o rutas escolares; mejorar la comunicación pro la EMT, y garantizar la red de suministros básicos -agua y luz-.