La Comunidad de Madrid no quiere aplicar el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez en los términos que está redactado. Es más, está dispuesta a dar la batalla jurídica y llevarlo al Tribunal Constitucional al considerar que se invaden competencias autonómicas.

Y no solo eso, cree que “es un ataque contra hucha de las familias, incluye medidas que generan miedo, limitan la libertad y ahuyentan las inversiones en nuestro país frente al sectarismo ideológico”, ha dicho las consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, que ha analizado un informa sobre las implicaciones que tendría su aplicación.

Martín ha señalado que el 90% de las viviendas de alquiler en la Comunidad corresponden a pequeños propietarios, a familias que tienen los ingresos por alquiler como complemento a su pensión por eso “no pueden cercenarse las libertades individuales”.

¿Qué consecuencias tendría la ley en Madrid?

Martín cree que habrá menos oportunidades porque habrá menos viviendas en alquiler e implicará una menor creación de empleo. Y cree que “demonizar al sector inmobiliario es un grave error porque se van a marchar los promotores de nuestro país y bajarán las inversiones.

Madrid calcula que, de aplicarse la ley, dejarán de haber 2.370 viviendas menos, la inversión disminuirá en 730 millones y afectará a nivel laboral a 5.700 personas.

El Gobierno de Díaz Ayuso es partidario de incrementar la oferta para que baje el precio, aumentar la vivienda pública.

Por otra parte, el vicesecretario Territorial del PP de Madrid y Consejero de Transportes, David Pérez, ha anunciado que ningún alcalde de su partido aplicará las “medidas intervencionistas” del Gobierno central.

“Combatiremos la aplicación de la Ley de Vivienda en todas las instancias necesarias porque consideramos que estas medidas serán absolutamente contraproducentes. Vulneran derechos fundamentales de los españoles e invaden las competencias municipales y autonómicas”.