Estimado director:

Con fecha 11 de mayo de 2026, la sentencia 475/2026 del Tribunal Supremo ha acabado con la figura del llamado “indefinido no fijo” en las administraciones públicas y creo que, por lo que afecta al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, merece una serie de consideraciones porque es el equivalente administrativo a levantar el polvo debajo de la alfombra.

Y es que la sentencia acaba con ese remedio improvisado que tapaba un problema que nadie quería resolver y me refiero al abuso sistemático de la contratación temporal en las administraciones públicas.

Ahora, el Tribunal Supremo, ha decidido retirar definitivamente esa alfombra que todo lo tapaba. Y, afortunadamente, debajo aparece toda la suciedad acumulada durante tantos años.

La sentencia 475/2026, dictada a raíz de la doctrina marcada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, certifica la defunción de una figura jurídica que servía para prolongar situaciones irregulares sin afrontar, como decía, el verdadero problema.

A partir de ahora, la regla general será la indemnización y no la conversión automática en fijo.

Solo podrán acceder a la fijeza aquellos trabajadores que, además de sufrir una situación abusiva de temporalidad, hayan demostrado su capacidad superando un proceso selectivo.

La decisión supone un serio aviso para administraciones donde la temporalidad se convirtió en una forma de gobierno más que en una excepción.

Este nuevo escenario jurídico supone un duro revés para los ayuntamientos como el de Pozuelo de Alarcón, donde la precariedad y el desgobierno han sido una constante desde hace varias legislaturas.

Según datos oficiales, la tasa de temporalidad en este municipio de la Comunidad de Madrid llegó a alcanzar el 47,23% en el propio Ayuntamiento, disparándose hasta un 68,13% en organismos autónomos como el Patronato Municipal de Cultura, ya desaparecido.

No es de extrañar, por tanto, que sea un hervidero de litigios donde el abuso en la contratación temporal se ha convertido en una práctica habitual.

El “modus operandi” en Pozuelo ha sido un claro ejemplo de los males que trata de erradicar ahora el Supremo. De hecho, el propio presupuesto municipal de 2022 fue declarado nulo al descubrirse que un informe clave para su aprobación lo había firmado un asesor con la categoría de personal laboral temporal, una figura a la que la ley le tiene vedado ejercer funciones reservadas a los funcionarios públicos, como la emisión de documentos de ese calado.

La nueva doctrina del Supremo también establece que la superación de los tres años de temporalidad debe considerarse un indicio claro de abuso. Una referencia especialmente incómoda para quienes han permitido que empleados públicos encadenen contratos y nombramientos durante años mientras las plazas seguían sin cubrirse de manera definitiva.

El mensaje del Alto Tribunal es demoledor. La precariedad estructural ya no puede seguir disfrazándose de gestión eficiente. El “indefinido no fijo” ha muerto. Y con él desaparece una de las coartadas favoritas de muchas administraciones para no afrontar sus obligaciones.

La pelota queda ahora en el tejado de los legisladores. Pero también en el de aquellos ayuntamientos que durante demasiado tiempo confundieron la gestión pública con una huida constante hacia adelante. Entre ellos, insisto y por desgracia, el de Pozuelo de Alarcón, donde la temporalidad no ha sido una anomalía pasajera, sino una forma de funcionamiento que hoy recibe un severo correctivo desde las más altas instancias judiciales.

En definitiva, la sentencia 475/2026 del Tribunal Supremo busca que el abuso de los contratos temporales no le salga “gratis” a las administraciones pero protegiendo, a la vez, el sistema de oposiciones.

Creo que con ella se han acabado las muchas corruptelas que hemos tenido que sufrir los contribuyentes en esta ciudad…

Es lo que pasa cuando estamos en manos forasteras que no quieren problemas y solo gestionan para medrar políticamente.

Teniente de Alarcón