Corría el año 2011 cuando Sonia Castedo conseguía una histórica mayoría absoluta para su partido, el PP, en las elecciones municipales. Castedo conseguía 18 de los 29 concejales que componen el Ayuntamiento de Alicante y el respaldo de más del 52% del electorado.

La rubia alcaldesa era todo un ciclón y ya había quien la postulaba como la sucesora de Francisco Camps, pero el ‘pecado’ de Sonia Castedo, además de ser enormemente querida por sus vecinos, era haber castigado duramente a la izquierda por su contundente forma de hablar y ejercer la política.

Rápidamente -basándose en un proceso judicial marcado por el fuerte sesgo político del ‘rojo’ fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones– la izquierda quiso ganar en los tribunales lo que le era imposible en las urnas y la maquinaria mediática, también de izquierdas, puso en el ojo del huracán mediático a la alcaldesa de Alicante.

laSexta, con Antonio García Ferreras a la cabeza o Cuatro, entonces con Jesús Cintora, crearon un clima de crispación mediática en el que se presentaba a la alcaldesa de Alicante como la más ‘corrupta de España’. Clima mediático al que se sumó El Mundo de Alicante, con abyectos artículos que entonces llegaban incluso a vulnerar la intimidad de Castedo.

Garcia Ferreras, después de dedicar horas y horas al proceso judicial en ‘Al Rojo Vivo’, no ha informado de la absolución de Sonia Castedo.

Pronto se sumaron todos los medios, era la llamada ‘condena de telediario’ y ella asistía impotente al juicio mediático y político de sus adversarios y enemigos, PSOE e Izquierda Unida que trataron (y consiguieron) sacar rédito político del proceso judicial.

Una situación que se hizo insostenible para el siempre acomplejado PP, que forzaba la dimisión en diciembre de 2014 de Sonia Castedo. El llamado ‘caso Brugal’ estaba en boca de todos y un año después, en las elecciones del año 2015, no solo le costaba al Partido Popular perder la alcaldía de Alicante, también perdía la Generalitat valenciana después de dos décadas de casi poder total en la Comunidad.

Más de una década después, y una brillante carrera política arruinada caprichosamente, la justicia ha absuelto Sonia Castedo de todos los cargos de los que se le acusaban y que tenía causa abierta en la Audiencia Provincial. La sentencia es clara y rotunda y determina que no se pudo revelar al empresario Enrique Ortiz datos secretos del planeamiento urbano de Alicante porque la información era pública.

Luego el promotor no se benefició del supuesto conocimiento previo del desarrollo urbanístico de la ciudad del que se le acusaba. Es la conclusión a la que ha llegado el tribunal de la Audiencia que ha sentenciado los presuntos amaños del PGOU y que ha absuelto de ellos a los nueve acusados.