El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado enviar a la Asamblea la “Ley Maestra de Educación”, que blinda la enseñanza concertada y mete una enmienda a la totalidad de la extravagante Ley Celaá.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, ha defendido que con ella se trata de defender la libertad de los padres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. Sus objetivos son «garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos».

La ley iniciará ahora su tramitación en el Parlamento madrileño, para ser finalmente votada por el pleno. En la ley madrileña se incluye un artículo por el que el español se mantiene como lengua vehicular, «algo que desaparece en la Ley Celaá», ha indicado Ossorio. También se premia la excelencia académica, para lo que se realizarán pruebas externas de nivel en los centros educativos.

Otros aspectos que contempla son el mantenimiento de los concursos sobre suelo público dotacional para levantar sobre ellos centros concertados. Y también se mantiene la educación diferenciada -para niños o para niñas solo- en concertados, que la Ley Celaá no admite.

Y además, se incluye otro punto fundamental en la Ley Maestra: garantizar la Educación Especial. Según ha explicado Ossorio, se quiere «evitar el vaciamiento de estos centros», porque Madrid defiende que el alumno que pueda ir a un centro ordinario lo haga, pero aquel cuyos padres consideren que está mejor en otro tipo de colegio, tenga esa opción.

El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados. Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo «más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno».

Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo del próximo curso, 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. En la actualidad, el 54,5 por ciento de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6 por ciento lo hace en concertados y el 15,9 por ciento en privados.