La avalancha de inmigrantes que han llegado a Ceuta procedentes de Marruecos tiene su origen en el enfado del régimen alauí con el Gobierno de España por haber permitido que el secretario general del Frente Polisario Brahim Gali fuese ingresado con una identidad falsa en un hospital de Logroño aquejado de coronavirus.

El secretismo que ha rodeado todo este asunto es precisamente lo que ha irritado a Marruecos y lo que habría propiciado la falta de controles migratorios por parte del país vecino, que ya el pasado 24 de abril calificó de deplorable la actitud del Ejecutivo español y amenazó con represalias.

Ghali aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado día 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argel. El médico que le acompañaba hizo el ingreso en el Hospital San Pedro de Logroño con una especie de salvoconducto redactado en francés extendido con un nombre falso: Mohamed Benbatouche.

Días después, los servicios secretos marroquíes descubrieron lo sucedido y el Gobierno de Pedro Sánchez trató de quitar hierro al asunto, alegando que Ghali se encontraba en nuestro país por “razones estrictamente humanitarias”.

Sin embargo, el ministro de Exteriores del régimen alauí dio buena cuenta del profundo malestar que tal maniobra de ocultación les había causado al preguntar directamente al Ejecutivo español hasta qué punto estaba dispuesto a “sacrificar su relación bilateral” por culpa del líder del Polisario.

“La decisión de las autoridades españolas de no notificar a sus homólogos marroquíes la llegada del líder del Polisario no es una simple omisión. Se trata de un acto premeditado”, rezaba el comunicado de Exteriores, que recordaba que “las consideraciones humanitarias no justifican maniobrar a espaldas de un socio y un vecino”.

Además, las autoridades marroquíes insistían en que dichas consideraciones no explican “que uno sea cómplice de robo de identidad y falsificación de pasaportes, con la intención de eludir voluntariamente la ley” y recordaban que el Gobierno español no puede “negar los reclamos legítimos de las víctimas de violación, tortura y violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el líder del Polisario”.

Lo llamativo de todo este asunto es que no sólo Marruecos tiene una guerra abierta con Ghali. En España, este individuo tiene numerosas causas pendientes con la justicia. No en vano, tras el revuelo causado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz instó a la Policía a comprobar su identidad y ya le ha citado a declarar como investigado para el próximo 1 de junio -si su estado de salud se lo permite-, en el marco de varias querellas por delitos de violación, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad.

Tal citación responde a una primera querella, formulada por el bloguero español de origen saharahui El Fadel Breica, que acusa a Ghali de haberle secuestrado en marzo de 2019 y sometido a todo tipo torturas en los campamentos de Tinduf (Argelia) por haber organizado varios actos “contrarios a la línea oficial del Frente Polisario”, entre ellos una manifestación el 17 de junio de ese mismo año.

Según la querella, “fue sometido a golpes y descargas eléctricas, manteniéndole con los ojos vendados y manos y pies atados” y no fue liberado hasta casi siete meses después, tras emprender una huelga de hambre.

En declaraciones a Libertad Digital, el propio Breica recordaba hace unos días que Ghali es el jefe “de un grupo terrorista” y denunciaba la falta de seriedad del Gobierno en todo este asunto.

Más contundente si cabe se mostraba el presidente de la Asociación Saharahui para la Defensa de los Derechos Humanos ASADEDH, Ramdan Mesaud qué aseguraba qué “es un escándalo que el Gobierno haya introducido a Brahim Ghali con una identidad falsa en España a través del aeropuerto de Zaragoza y éste haya ingresado después en un hospital de Logroño con el objetivo de ocultar su presencia en el país teniendo pendientes causas de lesa humanidad”.

En este sentido, Mesaud recordaba que Ghali también tiene que declarar por los delitos que cometió en los campamentos de Tinduf entre 1974 y 1978 contra ciudadanos españoles: “El juez tiene en sus manos varios dosieres de médicos forenses que cifran en 103 las víctimas”.

Entre las denuncias contra Ghali registradas en nuestro país también se incluye el desgarrador relato de Jadiyetu Mohamud, una refugiada saharaui que le acusa de violación y torturas cuando ejercía como traductora con el Frente Polisario. Los hechos se remontan al verano de 2010, cuando la joven fue invitada a España por una ONG que trabaja en los campos de refugiados saharauis.

Para viajar a nuestro país, necesitaba tener un visado otorgado por el embajador de la República Árabe Saharaui en Argel, que por aquel entonces no era otro que Brahim Ghali. Según su relato, éste la citó en la embajada para proceder a la entrega de los documentos y habría tratado de forzarla sexualmente, diciéndole que “ya sabía lo que tenía que hacer si quería conseguir el visado”, tras lo cual habría conseguido finalmente violarla.

Tal y como ella misma relataba hace unos días en el diario La Razón, su madre biológica le recomendó entonces que no denunciara ni se metiera en líos que la “deshonrasen”. Sin embargo, una vez en España, la familia de acogida sevillana con la que pasaba todos los veranos desde niña, la animó a perseguir justicia. Buscó un abogado y en 2013 presentó una querella criminal.

Como la supuesta violación ocurrió en Argelia y la joven no tiene nacionalidad española, la Audiencia Nacional decidió finalmente desestimar la denuncia. Sin embargo, su testimonio vendría a reforzar aún más si cabe el perfil delictivo del hombre al que el Gobierno español ha tratado de proteger y cuya ocultación ha desembocado en una crisis migratoria sin precedentes.

(Gentileza Libertad Digital)