El Tribunal Constitucional da la razón a Vox y tumba la treta que el Gobierno urdió para justificar la presencia de Pablo Iglesias en la comisión delegada en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El tribunal encargado de velar por el cumplimiento constitucional asesta así un importante varapalo al Ejecutivo. Ahora, la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, no podrá sustituir a Iglesias en esta comisión que supervisa a los espías españoles. Iván Redondo, jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, también queda fuera de este órgano sobre la inteligencia nacional.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado la inconstitucionalidad y la nulidad de la disposición incluida en el Decreto-ley de medidas económicas para hacer frente a la pandemia del Covid-19. Se aprobó entonces una cláusula que «blindó» la presencia de Iglesias en la comisión que controla el CNI.

En la sentencia ha sido ponente el magistrado Pedro González-Trevijano. Considera que no concurre en el presente caso el presupuesto inexcusable de la extraordinaria urgencia y necesidad que habilita al Gobierno para acudir al instrumento legislativo del Decreto-ley, obviando el procedimiento legislativo ordinario o de urgencia, para regular dicho nombramiento.

El magistrado Cándido Conde-Pumpido ha anunciado un voto particular que se conocerá junto a la sentencia en los próximos días.

En todo caso, se estima el recurso del partido liderado por Santiago Abascal, que calificó de «truco» al método empleado para incluir al ya ex líder de Podemos en esta comisión sobre el CNI.

Todo se retrotrae al Consejo de Ministros celebrado en febrero de 2020 que aprobó un decreto que regulaba los miembros de la comisión delegada del CNI. De esa forma se permitía al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, incluir a los cargos de la Administración que considerase convenientes.

Ese decreto fue recurrido por Vox y posteriormente, según el recurso presentado ante el TC, el Gobierno trató de sortear ese recurso incluyendo la modificación de la composición de la comisión delegada del CNI en el decreto ley que recoge todas las medidas aprobadas la pasada semana por el Consejo de Ministros para paliar las consecuencias del coronavirus.

Vox esgrimió, en su segundo recurso, cuyo contenido acepta ahora el Constitucional, que los reales decretos tienen que obedecer a una circunstancia «de extraordinaria y urgente necesidad», requisito que sí reúne el COVID-19 pero «en ningún caso una cuestión ajena a la crisis sanitaria como es la presencia del líder de Podemos en la Comisión del CNI».

La disposición adicional segunda incluida por el Gobierno reza: «La Comisión estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su presidente, e integrada por los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, las ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el ministro del Interior, y la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y la secretaria de Estado del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretaria».

Este texto fue el recurrido por Vox ante el Tribunal Constitucional «para evitar que el Gobierno aproveche una circunstancia tan grave como la actual para blindar una aspiración personal de poder», según indicaron.

Vox cree que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha aprovechó para «colmar la aspiración de poder» de su vicepresidente segundo aprovechándose «del desconcierto y la preocupación» generados por «los estragos sociales y económicos» causados por el coronavirus.

El Constitucional confirma lo que muchos venimos diciendo desde el principio: que el Gobierno de Sánchez ha usado con fines espurios un estado de alarma declarado para hacer frente a la peor pandemia en muchos años. Es gravísimo

— Guadalupe Sánchez ⚖💚 (@Proserpinasb) May 13, 2021

La Tarántula