El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción de Madrid contra la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que a instancias del Grupo Municipal Popular anuló algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que daban cobertura a Madrid Central.

Al adquirir firmeza el fallo, la zona de Bajas Emisiones que aprobó el gobierno de Manuela Carmena, por tanto, queda anulada.

No obstante, el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida (que hizo campaña electoral contra ese confinamiento) ha señalado que «Madrid central sigue en vigor y el Ayuntamiento tramitará la multa correspondiente si alguien accede indebidamente».

Fuentes municipales han explicado a ABC que existe un «plazo de dos meses desde la sentencia hasta que adquiere la firmeza». Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene este mismo plazo para aprobar la ordenanza sin defectos de forma y que las multas no queden en un limbo legal o decaigan.

Es decir, que si se reforma la ordenanza antes de que la sentencia sea firme, las multas no quedarían suspendidas y no se procederá a la devolución de ninguna de ellas. Estaba previsto que la ordenanza se aprobase en julio, pero el Consistorio acelerará al máximo para evitar un embrollo legal.

(El PP sigue siendo lo que ha sido siempre).

El auto, al que ha tenido acceso ABC, da por buenos los argumentos del contencioso que inició el grupo municipal Popular en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid.

Hasta en seis ocasiones la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nulo de forma parcial la zona de bajas emisiones. El pasado febrero, el tribunal estimaba el recurso de la Asociación Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM), según consta en la resolución a la que tuvo acceso ABC. Y posteriormente se sumaron otras dos resoluciones de Automovilistas Europeos Asociados y Pyramid Consulting.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto someter a aprobación inicial, por la Junta de Gobierno, el anteproyecto de ordenanza por la que se modificaría la Ordenanza de Movilidad Sostenible, así como su sometimiento a información pública para que toda persona física o jurídica pueda alegar lo que estime oportuno y participar en la elaboración de la norma. Esta nueva ordenanza habrá ya subsanado sus defectos.

Por supuesto, todas las multas comunicadas a los infractores de Madrid Central serán cobradas con independencia de que la medida se llegue a anular, tal y como ha informado este martes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, quien ha precisado que la cantidad recaudada por el Consistorio es de 1.393.000 euros en concepto de sanciones desde su puesta en marcha.

Además, todas las multas que ya han sido cobradas no serán devueltas. Si bien, una vez decretada la suspensión definitiva, las no comunicadas al ciudadano dejarán de contabilizar.

Así lo han explicado fuentes municipales, que argumentan que las multas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- son “actos firmes”, y que por tanto se deben abonar.