La Comunidad de Madrid iniciará este miércoles la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, con la que el Ejecutivo de la Puerta del Sol intenta contrarrestar los efectos Ley Celaá. La nueva norma autonómica se basará en la protección del modelo de colegios concertados y de los centros educativos específicos para personas con discapacidad.

Con ella, según ha precisado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se «garantizará la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular». Tras recibir luz verde en el Consejo de Gobierno el texto será remitido a la Asamblea de Vallecas para su aprobación, en la que será necesario el apoyo Vox ya que los partidos de la izquierda previsiblemente votarán en contra.

«Queremos que sean las familias las que decidan dónde escolarizar a sus hijos. Nadie mejor que ellos saben cuál es el mejor centro», ha indicado la dirigente autonómica este martes. Asimismo, ha remarcado que el sistema educativo madrileño está basado, principalmente, en la libertad «para ahondar en la excelencia académica, el mérito y el esfuerzo».

Con esta ley regional, como ha explicado la presidenta, se va a garantizar la existencia de un sistema similar a la zona única educativa que ahora mismo está vigente en la región y que permite que «nueve de cada 10 familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción». En este sentido, la Comunidad de Madrid adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para sortear al menos durante un año la entrada en vigor de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe).

Asimismo, según el Gobierno de Ayuso, la norma madrileña garantizará la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social, «concepto que ha quedado excluido en la ley promovida por la ministra Isabel Celaá.

Otra de las medidas es que la Comunidad podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional. Igualmente, Díaz Ayuso ha explicado que la ley autonómica reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal ya en vigor, que «la educación diferenciada [por sexos] no rompe la igualdad, al ser conforme con nuestro texto constitucional, ya que, según el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos».

Si se aprueba en los términos en los que está planteada, la nueva ley permitirá a las familias que puedan elegir entre las diferentes modalidades existentes en la Comunidad de Madrid para los alumnos con necesidades educativas especiales: en un centro ordinario, en aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, en centros de educación especial o en educación combinada (el alumno se matricula en un centro ordinario y otro especial y acude a uno u otro en función de los días).

Además, con la futura normativa madrileña se garantizaría el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España, «términos suprimidos en la Ley educativa estatal».