Los sindicatos, asociaciones y partidos de izquierda que tenían previsto convocar una manifestación el 27 de septiembre contra las restricciones de movilidad en 37 zonas de la Comunidad de Madrid, han anunciado que se harán “acciones descentralizadas” en lugar de una protesta “masiva”.

Así lo han acordado los convocantes -CCOO, la FRAVM, Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, PSOE-M y UGT Madrid- tras reunirse el martes para analizar la situación epidemiológica en la región y concretar las actuaciones, en línea con la declaración conjunta que presentaron el lunes.

“Conscientes de que la previsible evolución de la situación epidemiológica dificulta la realización de actos masivos y la movilidad de la ciudadanía”, han acordado “la realización de varias acciones simbólicas, descentralizadas, a desarrollar en distintas zonas de Madrid, que se llevarán a cabo el próximo domingo día 27, a las 12 horas”, indican en un comunicado conjunto.

Por su parte, el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, declaró el martes que su partido no iba a asistir a las manifestaciones del domingo contra las medidas adoptadas del Gobierno regional, debido a la situación de la crisis sanitaria, aunque ha dicho que “son justas” las reivindicaciones.

En la declaración conjunta que emitieron el pasado lunes, expresan su rechazo a las nuevas restricciones de movilidad y reclaman que Madrid incorpore “los 2.000 rastreadores que recomiendan los expertos”; el “refuerzo” de los Centros de Salud “para su plena operatividad”; garantías habitacionales para el confinamiento de casos y contactos, entre otras.

También ven necesario reforzar el transporte público para no superar la ocupación de una persona por metro cuadrado; intensificar la inspección de las residencias y asegurar su medicalización y el traslado a hospitales cuando sea necesario, o el refuerzo del personal docente, así como el de enfermería y una coordinación con los centros de salud en los colegios.

Asimismo, piden que se garantice el uso prioritario de transporte público y movilidad ciclista a través de la reserva de la calzada necesaria; la compatibilidad de la Renta Mínima de Inserción (RMI) con el Ingreso Mínimo Vital, y el refuerzo de los Servicios Sociales para eliminar las situaciones de vulnerabilidad.

También censuran que desde el inicio de la pandemia en marzo el comportamiento de la Comunidad ha sido “errático, temerario, insensible e incapaz” de tomar las decisiones “adecuadas” para hacer frente a la pandemia, y recuerdan que el Gobierno antepuso una “desescalada rápida con el pretexto de una recuperación económica”.