La Comunidad de Madrid, a través de su consejería de Justicia, Interior y Víctimas, asumirá el entierro de los cuerpos de 59 personas fallecidas durante la crisis del Covid-19 en el cementerio Sur de Madrid, conocido como cementerio de Carabanchel, al no haber sido reclamadas por ningún familiar, ha informado el Gobierno regional en relación a la información adelantada por el diario ‘El Mundo’.

Desde el cierre de los depósitos provisionales del Palacio de Hielo de Majadahonda y del de Madrid, estos fallecidos han permanecido en el Instituto de Medicina Legal que el Ejecutivo regional gestiona en el barrio de Valdebebas, en la capital.

El fallecimiento de estas personas se produjo antes del 21 de abril, en plena pandemia, y sus restos permanecieron en alguno de los depósitos de cadáveres habilitados por la Comunidad de Madrid debido al aumento exponencial de la mortalidad y a las dificultades de los servicios funerarios para retirarlos.

Esa situación obligó a que los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias tuvieran que ser autorizados para llevar a cabo la retirada de fallecidos en hospitales y residencias de la región.

Enrique Lopez, consejero de Justicia, Interior y Víctimas, ha señalado que la inhumación de estas 59 personas se trata de una gestión “compleja, por lo trágico y por la historia que hay detrás de cada una de ellas”.

Los cadáveres pertenecen a personas que fallecieron sin la cercanía de seres queridos debido al protocolo Covid-19 que impuso la autoridad sanitaria para evitar contagios entre enfermos y familiares, y que, tras su fallecimiento, fueron enviados a una de las tres morgues.

De los 59 cuerpos recogidos y trasladados a los depósitos provisionales durante la crisis, 40 procedían de hospitales y 19 de centros residenciales. Finalmente, pasados más de tres meses, las 59 víctimas que nadie reclamó y que quedaron ingresadas en las cámaras del IML una vez enterradas pueden descansar.

La Comunidad ha señalado que hay tener en cuenta también que, ante la posibilidad de que se produzca un rebrote de la enfermedad en otoño, la Comunidad ha proyectado y aprobado el inicio de las obras que permitirán al IML entrar en funcionamiento y combatir el virus estudiándolo a través de las autopsias.

Ante la inminencia del inicio de la obra y por humanidad y respeto hacia las víctimas, el Ejecutivo regional ha considerado que lo más adecuado era proceder a su traslado e inhumación.

Los fallecidos se han agrupado en una zona del Cementerio Sur de Madrid, y cada uno de los nichos tendrá una placa identificativa de cada víctima.

Los nichos podrán ocuparse durante un periodo de 10 años, pudiendo ser recuperados en cualquier momento por sus familiares para su inhumación en el mismo cementerio.

El Instituto de Medicina Legal (IML) fue una de las tres infraestructuras que, durante la pandemia, la Comunidad de Madrid, a través de la consejería de Justicia, Interior y Víctimas, puso a disposición de la autoridad sanitaria para trasladar víctimas de la enfermedad.

Estos fallecidos provienen de los traslados de cuerpos realizados a residencias y hospitales por parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de la Unidad Militar de Emergencias.