La titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el posible alcance penal de la manifestación del 8-M, ha acordado la citación como imputado del delegado del Gobierno de Madrid José Manuel Franco el próximo 5 de junio, según consta en una providencia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Entre las diligencias que ordena este lunes la juez está el instar a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa para que, antes del 1 de junio, informe a la unidad de Policía Judicial actuante sobre un informe de 3 de marzo 2020 titulado “Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19”.

La instructora quiere saber “su distribución o difusión, si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, la fecha de remisión y cauce, con copia del documento que lo acredite”.

Por otro lado, la magistrada del 8-M pide información sobre el comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, de 6 de marzo de 202, sobre la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia de Covid-19.

En concreto, solicita los datos sobre su distribución o difusión, “cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones” o si fue colgado en la página web oficial del Ministerio así como en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente solicita la fecha de remisión y causa.

La juez sostiene que en caso de que no fuera difundido, se debe explicar a la Guardia Civil “las razones que existieron para no hacerlo”.

Asimismo, Rodríguez Medel ordena al ministerio de Illa que le proporcione a la Guardia Civil “idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por el Ministerio de Sanidad con ocasión del Covid-19”.

Por otro lado, la instructora solicita a la Delegación del Gobierno en Madrid “la relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones y manifestaciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y 14 de marzo 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada”.

La togada exige copia íntegra de estos expedientes. La juez también quiere saber quién desconvocó hasta 21 manifestaciones en fechas similares, si fue el departamento de José Manuel Franco o los organizadores por propia iniciativa.

Además, el 5 de junio deberán comparecer en el juzgado al igual que Franco, pero como testigos, el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.

La juez adopta esta decisión después de recibir un atestado de la Guardia Civil sobre encuentros en los que habían estado el ministro Salvador Illa y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, escasos días antes de que se celebrase en Madrid, con el visto bueno de la Delegación del Gobierno, la manifestación del Día de la Mujer.

Previamente, el médico forense adscrito al juzgado aportó un informe donde concluyó que es “cierto y seguro que de haberse evitado esas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad”.

El médico sostuvo que las autoridades debieron “haber advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio para que los ciudadanos adoptaran las medidas higiénicas para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad”. Ç

Sin embargo, el facultativo subrayó que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones -la juez le preguntó sobre las celebradas entre el 5 y 14 de mayo- y haya resultado infectada por el virus Covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc”.