La reforma urgente de la Ley de Estabilidad presupuestaria para poder reinvertir el remanente de tesorería es lo que ha unido hoy a los alcaldes de las siete ciudades más pobladas de España. En una carta suscrita por los representantes de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Murcia y Málaga, los regidores de distintos partidos políticos han reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que se flexibilicen los criterios de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto para aumentar el gasto público.

«No hay mejor destino posible para esos ahorros conseguidos con esfuerzo y disciplina en la administración municipal que colaborar en la lucha contra el Covid-19, proteger a los más vulnerables y participar en la muy necesaria reactivación económica», indican en la misiva. Sólo el Ayuntamiento de Madrid podría poner en uso 420 millones de euros que, de lo contrario, se destinarán a final de año a amortizar deuda de manera anticipada, sin que eso implique un ahorro en los tipos de interés, sino todo lo contrario.

La flexibilización del uso del superávit aprobado hace dos semanas en el caso de la capital apenas permite reutilizar entre 20 y 35 millones, algo que desde el Consistorio madrileño siempre han considerado insuficiente para hacer frente a la crisis social y económica que ya padecen los ciudadanos.

En consonancia con la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias del pasado 2 de abril, los siete municipios insisten en que es crucial un cambio del marco financiero global. Así, los grandes ayuntamientos de España reivindican su participación activa en los planes estatales y autonómicos relacionados con la crisis del coronavirus. «Estamos en la primera línea de exposición, estamos participando activamente en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias y queremos seguir haciéndolo. Necesitamos para ello esa colaboración, esa participación en la toma de decisiones y la disposición de recursos suficientes», subrayan.

En concreto, piden que se suspendan los plazos establecidos para la presentación de los planes económico-financieros (PEF) mientras dure el estado de alarma; que los grandes ayuntamientos tengan acceso a los fondos europeos extraordinarios para la mitigación de la crisis; que se habiliten fondos nacionales en los que estos municipios puedan participar para financiar los grandes déficits de tarifa que se están generando en el transporte municipal, incrementar la prestación de servicios sociales y participar en el desarrollo de políticas de empleo; y que el Estado les permita avalar líneas de crédito para ayudar a autónomos y pymes.