La guerra entre Joaquín Torres y Susana García-Cereceda, promotora de la exclusiva urbanización La Finca, parece no tener tregua. El estudio de Torres (A-Cero), conocido por desarrollar viviendas para millonarios y famosos como Cristiano Ronaldo, Felipe González o Antonio Catalán, lleva varios años reclamando a las herederas del empresario inmobiliario Luis García-Cereceda el pago de los honorarios por diversos proyectos que realizó y no cobró.

Tras presentar tres demandas, desestimadas en primera instancia por prescripción, el Tribunal Supremo le ha dado la razón.

En sentencia del pasado 22 de enero, el Alto Tribunal ha condenado a una sociedad del grupo Procisa, que controla Susana (49), la hija mayor del empresario fallecido, a pagar 42.498 euros en concepto de honorarios adeudados a Torres por su trabajo en el desarrollo de una urbanización de 16 casas de lujo en Baqueira Beret.

Antes, Torres ya ganó otra demanda interpuesta en 2014 contra la empresa de las hermanas García-Cereceda, desestimada también en primera instancia por prescripción. Como en esta ocasión, el Supremo condenó a Procisa al pago de 80.000 euros por su trabajo en el desarrollo de una urbanización de viviendas de lujo en Cartaya, Huelva.

Torres tiene una tercera, relacionada con la vivienda familiar de Luis García-Cereceda en La Finca, desestimada por la misma razón. Tras el recurso, la Audiencia Provincial de Madrid, en segunda instancia, condenó a las hermanas Cereceda a pagar 184.000 euros.

“Estoy muy contento, no por las cantidades, sino por la no prescripción de las demandas porque abre la puerta a presentar más reclamaciones”, explica el arquitecto a LOC, que calcula en unos 8 millones el montante que dejó de percibir por diferentes proyectos realizados a lo largo de los siete años que trabajó estrechamente con el promotor de La Finca. “Yo no tenía un sueldo, cobraba por proyecto. Tenía y tengo un contrato verbal con Procisa”, cuenta Torres.

En los tres casos fue la misma magistrada del Juzgado de Pozuelo de Alarcón, Mónica Gómez Ferrer, la que sentenció la prescripción de los hechos.