Desde que se presentó el pasado septiembre el plan anticontaminación Madrid 360, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), confiaba en convencer a la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), para que aceptara uno de los grandes anuncios que hizo públicos aquel día: modificar Madrid Central para permitir la entrada de los vehículos C -los de gasolina posteriores a 2006 y los diésel matriculados después de 2014- en el área si llevan dos o más ocupantes. Sin embargo, cuatro meses después, cuando quedan apenas dos semanas para que el regidor viaje a Bruselas para presentar el plan ante las instituciones europeas, la portavoz de Ciudadanos elevó el tono y aseguró ayer que vetará esta medida cuando la modificación de la ordenanza de Movilidad se vote en el pleno, con lo que, sin la mayoría suficiente, será imposible que salga adelante.

«Permitir la entrada de estos vehículos es una regresión no sólo al plan de Carmena (Ahora Madrid), sino también al de Gallardón (PP). Supondría una involución de diez años. El alcalde sabe perfectamente que no me ha convencido», aseguró ayer Villacís, después de que el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, anunciase este lunes que llevarán a Bruselas el plan completo, incluida esta medida. Las fricciones a cuenta de este asunto han llegado a tal escala que Villacís reconoció que se trata de un «punto no pacífico dentro del gobierno».

A pesar de la incredulidad de la oposición ante el «no» rotundo de la formación naranja, Villacís insistió en que su postura «no es negociable» y que se mantendrá firme «hasta el final». El alcalde, por su parte, trató desnudar la pretendida coherencia de Ciudadanos con respecto a esta medida, que para el PP permitirá «reducir el número de vehículos y, por tanto, la contaminación».

«La vamos a llevar a Bruselas, porque en el fondo reflejamos el punto 106 del programa electoral de Ciudadanos», incidió el primer edil popular, que insistió en que «esta partida aún no está acabada» y todavía quedan meses para culminar la tramitación de la modificación de la Ordenanza de Movilidad.

El regidor buscará persuadir a la vicealcaldesa mostrando los informes técnicos que avalen su tesis. Por ello, indicó que ya «se están haciendo los correspondientes estudios y modelizaciones para ver exactamente las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación» de esta medida. «Cuando contemos con esos estudios y con el dictamen de la Unión Europea es cuando de verdad podremos tomar una decisión definitiva», sostuvo, dejando la puerta abierta a, incluso, la renuncia de esta iniciativa.

Por el momento, la vicealcaldesa no acompañará al regidor en su viaje a Bruselas. Y, aunque su discrepancia suponga sólo un 1 por ciento del total del plan Madrid 360, Villacís señaló que esta diferencia será expresada ante el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella.

No es el primer choque en materia medioambiental que se hace público en el seno del Gobierno municipal. Aunque sí será, si se mantienen estas posturas, el primer pulso en el que podría vencer la tesis de Villacís. «Con Ciudadanos, hasta que no lo vea no lo creo. Ciudadanos puede decir lo que quiera, pero lo cierto es que quien se va a Bruselas a contar su plan es Almeida», receló la portavoz adjunta de Más Madrid, Rita Maestre, que recalcó que «hasta ahora han votado en contra de la llegada de los residuos a Valdemingómez y ahí están los residuos».

El traslado a la planta de Villa de Vallecas de las 200.000 toneladas de basuras procedentes de los 32 municipios que forman parte de la Mancomunidad del Este supuso la primera ruptura interna del Gobierno municipal. En este caso, el grupo de Villacís votó en contra de aceptar las basuras junto a Más Madrid y PSOE, pero el PP tuvo la última palabra. Agotadas el resto de alternativas viables donde recalar los residuos, la decisión de llevarlas a Valdemingómez se tomó en la Junta de Gobierno, donde los populares tienen la mayoría.