La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido por carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que convoque “urgentemente” el Consejo de Política Fiscal y Financiera para “desbloquear” la deuda que el Gobierno tiene contraída con la Administración regional.

El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de este martes un informe de la Consejería de Hacienda y Función Pública sobre las consecuencias de los “impagos”. “Son 1.237 millones que no ser recibidos nos van a perjudicar en el cumplimiento del déficit y que ya está perjudicando en el pago de proveedores”, ha señalado Ayuso en la rueda de prensa posterior.

En la carta la presidenta madrileña le ha indicado a la ministra que el anterior Gobierno regional elaboró los Presupuestos de 2019 en base a las entregas a cuentas comunicadas por el Ministerio en julio de 2018, y cuya cifra ascendía a 14.485,77 millones.

Ayuso le ha detallado que al no aprobarse estos y estar en una situación “de prórroga presupuestaria”, la Comunidad de Madrid recibirá durante el presente ejercicio 13.752,87 millones en concepto de entregas a cuenta derivadas de ello.

En concreto, ha incidido en que los fondos pendientes que la Comunidad de Madrid debe recibir del Gobierno central ascienden a un total de 1.237 millones de euros: 732,9 millones por el incremento de las entregas a cuenta del ejercicio de 2019; un total de 377 por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 que no se abonó como venía siendo habitual y quedó pendiente; y 127 de la subvención del Consorcio Regional de Transportes.

“La actualización de las entregas a cuenta son un asunto urgente y de interés general, que debe ser solucionado con la mayor celeridad. Consideramos que existen fórmulas para efectuar su desembolso. En absoluto, compartidos esta postura y menos los argumentos que da para sostenerla y que, en última instancia, solo llevan a perjudicar a los propios ciudadanos”, ha manifestado en la carta.

Por último, ha recordado que se trata de un tema que debe resolverse con “la mayor celeridad” dado que “afecta al mantenimiento de los servicios públicos esencial y al interés general del país”.