Vox ha rebajado sus exigencias para votar a favor del nombramiento de la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y 67 días después de las elecciones ha permitido desbloquear la formación del nuevo Gobierno regional.

El grupo de Rocío Monasterio ha borrado de la versión definitiva de la propuesta de acuerdo programático -a cambio de renunciar a sillones- cuestiones como la eliminación de determinados artículos de las leyes autonómicas que protegen al colectivo LGTBI, lo que ha permitido que C’s lo acepte.

El portavoz de la formación naranja, Ignacio Aguado, ha dicho que el texto «no es incompatible» con el pacto para la constitución de un Ejecutivo bicolor que ya había suscrito con los populares. Ahora se tiene que determinar la fecha de convocatoria del Pleno de investidura, que según algunas interpretaciones del Reglamento podría llegar a fijarse en un plazo de 48 horas.

«Será la primera vez que en Madrid haya un Gobierno de coalición con el apoyo externo desde la oposición de otro partido y esto nos va a obligar ahora más que nunca a trabajar con sensatez y con la premisa del diálogo y el consenso permanente», ha dicho Ayuso, que no ha ocultado su alegría por el acuerdo tras semanas de intermediación entre los dos partidos que tienen que franquearle el paso al Ejecutivo de la Puerta del Sol.

Para lograr el entendimiento que se ha escenificado este jueves, Vox ha suprimido también el requisito de que las tres formaciones tuvieran que estampar su firma en un documento. En este punto de la negociación, más de dos meses después de las elecciones, ha considerado «perfectamente válido» que ambas formaciones se comprometieran asumirlo verbalmente, como han hecho en sendas ruedas de prensa.

En el nuevo documento, se excluyen otros requisitos iniciales del grupo de Monasterio, como la implantación de un «pin parental» para que los niños puedan abandonar el aula cuando se traten contenidos morales o religiosos que no se correspondan con las convicciones de sus padres. A cambio, se introduce la obligación de establecer «mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación».

Aunque en el texto de la formación verde que ha desbloqueado la negociación se elimina la obligatoriedad de derogar determinados artículos de las leyes contra la LGTBIfobia, entre ellos el de educar en la diversidad sexual en los colegios públicos y concertados, se introduce una nueva exigencia que afecta al de la inversión de la carga de la prueba en el ámbito escolar -el culpable tiene que demostrar su inocencia y no al revés-. En concreto, se asegura que «cualquier tipo de acoso, discriminación o violencia será tratado de la misma forma, evitando que diferentes víctimas de acoso tengan diferentes grados de protección», aunque no ha planteado problemas para que Cs haya dado su visto bueno.

El documento de Vox también incluye referencias a la inmigración, uno de sus caballos de batalla ideológicos, como el «acceso directo» a la información de que dispone la Administración regional sobre inmigrantes en situación irregular, lo que incluye la asistencia sanitaria a los sin papeles.

Además, se impone la necesidad de asegurar que ningún menor extranjero no acompañado (mena) ingresa en uno de los centros específicos para su atención «sin que haya sido determinada de forma fehaciente su edad», un procedimiento que no es instantáneo, lo que tampoco ha supuesto un escollo para la aceptación de la formación naranja.