El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid cuestiona en un auto rubricado el pasado 21 de diciembre la «condición de expertos» de los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. El magistrado, dentro de la causa abierta para restituir el nombre del paseo de Muñoz Grandes (ahora, de Marcelino Camacho), define al departamento que dirigía Paca Sauquillo como «órgano de carácter político».

El juez que instruye el caso, Manuel Pérez Pérez, rechazó una prueba solicitada por el Consistorio para que los miembros del comisionado declarasen como «testigos peritos». En la resolución, el instructor reprocha que ninguno de «los pretendidos testigos» solicitados por el Consistorio participó o tuvo «conocimiento directo» de los hechos, salvo «el general que cualquier puede tener si se interesa por la historia».

Por ello, critica que se les dote de la condición de expertos por el hecho de que integren un órgano que tilda «de carácter político». Para poder calificarlos de «testigo-perito», Perez subraya en el escrito que «requiere responder sobre los hechos a los que se puede agregar las explicaciones técnicas o científicas necesarias en caso ed que el testigo posea conocimientos de tal carácter».

En el auto señala también que la prueba solicitada por el Ayuntamiento no se ha propuesto ni practicado en la forma establecida por la Ley, «pretendiendo confundir la prueba pericial con la testifical», con el objeto de crear nuevas pruebas al margen de los establecido por la norma.

Hasta ahora, en las numerosas causas abiertas contra la retirada de algunos nombres del callejero municipal, según explica a ABC el letrado Guillermo Rocafort, de los ocho miembros del Comisionado, sólo han acudido los dos historiadores (Octavio Ruiz Manjón y José Álvarez Junco) y el escritor Andrés García Trapiello. «El resto, a pesar de haber sido convocados, no han ido a responder las preguntas del juez, lo que evidencia su falta de preparación», afirma Rocafort, que considera que las sentencias que acumulan en contra (ya suman ocho) demuestran que la retirada de las placas «no tiene base jurídica».