La Asamblea de Extremadura aprobó este jueves instar a Pedro Sánchez a aplicar con mayor firmeza y en toda su extensión -incluido TV3 o las competencias en Educación- el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

El texto se aprobó a través de una propuesta de impulso presentada por el PP, que no fue modificada durante el trámite parlamentario en ninguno de sus términos por parte del resto de fuerzas políticas. Sólo encontró el rechazo previsible de Podemos, que votó en contra cuando 48 horas antes había dejado pasar con su abstención, por segunda vez consecutiva, los Presupuestos de Guillermo Fernández Vara.

La iniciativa de la portavoz popular, Cristina Teniente, traslada al Gobierno de España “el apoyo del pueblo extremeño, a través de sus representantes, a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española de manera firme, con la amplitud y duración que se requiera” con el fin de “frenar el desafío independentista catalán, recuperar la unidad entre los españoles que viven en Cataluña, el respeto a la nación española y la historia que compartimos”.

El texto pide una intervención mucho más amplia que la aplicada por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy, porque apela, incluso, a tomar “el control de la televisión pública catalana” con el objetivo de “garantizar que realmente sea un servicio público neutral y al servicio de todos los catalanes”. De forma paralela, pide al Gobierno que asuma las competencias que sean necesarias, como las de “Educación y Seguridad Pública” para garantizar “un gobierno adecuado que vele por los intereses de todos los ciudadanos de Cataluña, entre los que se encuentran miles de extremeños, sin exclusiones ni sectarismos”.

El texto, también, va mucho más allá y establece una crítica en toda regla a las políticas de Pedro Sánchez, al que exige “el abandono de la bilateralidad con Cataluña” porque con esta postura “sitúa al resto de regiones en una posición de subordinación en asuntos que deben ser abordados de forma común, poniendo en riesgo el principio de solidaridad y de cohesión territorial que consagra nuestra Constitución, especialmente en lo que a financiación autonómica se refiere”.

La iniciativa es toda una radiografía sobre la situación política actual en España, en la que incluye también el apoyo expreso a la Monarquía, a la lengua común española, que reivindica la Transición y que hasta rechaza “cualquier tipo de revisionismo” de esta época “decisiva de la historia común” de nuestro país. Incluso, pide al Gobierno “la defensa incondicional de los símbolos que nos representan como nación y como españoles”, valores firmes que se sujetan en la Monarquía Parlamentaria, referente “de la unidad y permanencia de una nación milenaria como España, por la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición española y por su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España”.

Además, se defiende “la inestimable y extraordinaria contribución de la Corona al proceso de Transición española”, así como “su ejemplar defensa de los derechos de los españoles y de la unidad de España” y reclama la “defensa” del español como lengua “vehicular y común” de la enseñanza en “todas” las comunidades autónomas, “respetando siempre la existencia de las lenguas cooficiales reconocidas en los diferentes Estatutos de Autonomía, pero sin que dichas lenguas sean impuestas y dejen sin efecto el derecho de todos los españoles a usar la lengua común, el español”.