El Tribunal de Cuentas ha hecho pública una sentencia que condena a Ana Botella y su equipo de gobierno por la venta de dieciocho promociones de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) al fondo Blackstone. El quebranto para las arcas públicas sería de 25 millones de euros, según el ente auditor.

Sin embargo, más allá del shock político y del ruido mediático inicial, cada vez surgen más voces autorizadas que ponen en duda esta sentencia del Tribunal de Cuentas.

Para empezar, el Tribunal de Cuentas es un órgano administrativo. Segundo, no es una sentencia firme, ni es penal porque no hay delito…

Fuentes consultadas por Libre Mercado recalcan los vínculos políticos que mantiene la redactora de la sentencia con el entorno político de Manuela Carmena, a la postre sucesora de Ana Botella.

Además, también subrayan aspectos cuestionables del proceso, como la no inhibición de la jurista, la decisión de no tomar declaración a ninguno de los afectados o la discrepancia entre el criterio que apunta esta sentencia y la valoración que hizo la Fiscalía sobre estos mismos hechos.

Nombrada por PSOE a propuesta de IU

María Antonia Lozano, la consejera del Tribunal de Cuentas que ha redactado la sentencia condenatoria contra Ana Botella y su equipo de gobierno, llegó al cargo de la mano de la izquierda política madrileña. Su nombre fue propuesto en 2012 por Izquierda Unida y dicha sugerencia fue asumida por el Partido Socialista, que procedió a formalizar el nombramiento de Lozano.

Vinculada con Carmena desde los 70

La conexión entre Lozano y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene más de cuatro décadas de historia. A mediados de los años 70, ambas juristas coincidieron en diversos círculos de extrema izquierda, incluyendo el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha o el Partido Comunista Español.

Lazos con la ‘número 2’ de la alcaldesa

La Primera Teniente de Alcalde de Madrid, Marta Higueras, también tiene vínculos con María Antonia Lozano. Para ser precisos, trabajó con ella en su secretaría del Tribunal de Cuentas, cargo en el que recaló tras haber pasado por una dirección del gobierno vasco que encabezó el socialista Patxi López.

Inhibición fallida

Habida cuenta de sus vínculos con Carmena e Higueras, la propia Lozano pretendió inhibirse en el procedimiento iniciado por el Tribunal de Cuentas. Pese a los evidentes lazos entre la consejera del ente auditor y el equipo de gobierno que relevó a Ana Botella, la inhibición fue rechazada por motivos técnicos.

No tomó declaración

La instrucción de María Antonia Lozano tampoco ha contado con el testimonio de los políticos implicados. La ponente del Tribunal de Cuentas no ha tomado declaración a Ana Botella o al resto de los concejales a los que ahora exige responsabilidades por la operación de la EMVS.

Contra el criterio de la Fiscalía

Existe una llamativa discrepancia entre la sentencia condenatoria que ha firmado María Antonia Lozano y el criterio de la Fiscalía del propio Tribunal de Cuentas, que ya analizó esta operación y desestimó la demanda al no apreciar responsabilidad contable alguna.

Caza de brujas

La operación de venta no fue tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sino que fue aprobada por el equipo gestor de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. Ni Botella ni su equipo participaron directa o indirectamente en la operación: únicamente se limitaron a ratificar el Plan de Viabilidad de la EMVS en la Junta General de Accionistas del ente municipal.

Más errores flagrantes de la sentencia:

– Se ha ignorado en la sentencia el informe del Fiscal y el propio informe de la Sección de Fiscalización del propio Tribunal de Cuentas, que no apreciaron irregularidad contable alguna.

– Aunque se ignoran dichos documentos, sí se toma como referencia un informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, curiosamente realizado por una vocal propuesta por el PSOE.

– Se atribuye responsabilidad al gobierno del Ayuntamiento de Madrid, culpado por la sentencia de no controlar adecuadamente al consejero delegado, pese a que dicha función corresponde al Consejo de Administración de la EMVS. Esto es especialmente llamativo, porque en dicho consejo se sientan representantes de PSOE e Izquierda Unida (hoy Unidos Podemos) que habrían sido condenados si la sentencia tuviese un mínimo de coherencia.

– Nadie ha anulado los actos y acuerdos jurídicos relativos a la venta, por lo que son plenamente válidos y eficaces. Por tanto, es difícil reclamar responsabilidad contable alguna.