La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó Madrid Central, el proyecto de Manuela Carmena para poner freno al uso del vehículo privado por el corazón de la capital, pese a las amenazas judiciales que tratan de poner palos en las ruedas a este plan.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no lo impide, la medida que restringe el acceso al distrito Centro a los no residentes y a los vehículos más contaminantes entrará en funcionamiento el próximo 30 de noviembre.

Mientras tanto, el Consistorio tiene varios frentes abiertos que podrían paralizar esa puesta en marcha de una medida que los concejales de Ahora Madrid consideran «histórica»…

Los automovilistas, contra el régimen sancionador

La entidad en defensa de los automovilistas Dvuelta recurrió el 24 de octubre ante el TSJM la ordenanza de Movilidad. Consideran que contiene ocho irregularidades que afectan a normativas con mayor rango. Por ejemplo, tipifica como infracción no llevar el distintivo de la DGT cuando la propia institución no obliga a llevar la etiqueta. También permite que la grúa municipal retire vehículos en episodios de alta contaminación, en contra de lo que establece la Ley de Tráfico.

El PP impugna la ausencia de un informe económico

El Grupo Municipal Popular, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado la paralización cautelar de Madrid Central y también ha recurrido la ordenanza de Movilidad en la que se enmarca al carecer de un informe de impacto económico obligatorio. Argumentan que en el artículo 30 de las Bases de Ejecución del presupuesto del Ayuntamiento se establece que «toda ordenanza cuya aprobación suponga un incremento del gasto público deberá ir acompañada de una Memoria Económica en la que se detallan las posibles repercusiones». Sólo el contrato para la gestión y el mantenimiento del sistema de paneles que se instalarán en el perímetro de Madrid Central supone un gasto plurianual de 1.625.005, 12 euros, según consta en el expediente.

La Comunidad exige la suspensión de «un plan letal»

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, reclamó ayer a la alcaldesa por carta que paralice sin fecha la implantación de Madrid Central. El líder del Ejecutivo regional afirma que está dispuesto a ir a los tribunales para suspender un plan que considera «absolutamente letal». «No se puede abordar un proyecto que afecta a más de 400 hectáreas sin nada», criticó.

El plan antipolución no es válido para Medio Ambiente

La Consejería de Medio Ambiente ha enviado un requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa para que el Ayuntamiento declare nulo el protocolo antipolución en el plazo de un mes. Denuncian que el Ayuntamiento aprobó el plan sin que la Sección de Calidad del Aire de la Comunidad pudiese revisar el escrito después de modificarlo para introducir las alegaciones.