El ex presidente regional Ignacio González, en el ejercicio de sus derechos, ha solicitado la readmisión en el cuerpo de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, puesto de trabajo que dejó para dedicarse a la política.

Tan pronto como la solicitud llegó al Palacio de Cibeles, el equipo jurídico municipal preguntó al juzgado si existía algún tipo de incompatibilidad para la reincorporación de un investigado por el cobro de comisiones millonarias a cambio de contratos públicos.

La respuesta llegó a finales de septiembre en un auto firmado por el juez Manuel García Castellón en el que señalaba que no se ha adoptado “ninguna medida cautelar que inhabilite o suspenda para el ejercicio de la función pública” a Ignacio González por lo que “deberá ser el Ayuntamiento de Madrid quien adopte la decisión que estime pertinente de acuerdo con lo que disponga la legislación de funcionarios públicos que resulte aplicable”. La situación no admite dudas, pero su ejecución unas cuantas.

El difícil encaje de González es una patata caliente para el gobierno municipal de Ahora Madrid donde impera el ‘muro de silencio’ para no verse salpicado por una mala decisión o una precipitación: “El Ayuntamiento de Madrid está evaluando la situación administrativa del expresidente regional para su reincorporación de la misma forma en la que valoraría cualquier caso en función de la documentación recibida y de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público. Ignacio González ocupará el puesto que le corresponda en función de su categoría y el sistema .de provisión municipal, aunque para ello el Ayuntamiento aún dispone de un plazo de tres meses”.

El plazo de readmisión concluye a finales de año, aunque en el Consistorio ya se baraja la posibilidad de mantenerlo sin demarcación fija al menos hasta las elecciones municipales de mayo de 2019.

Una indefinición que no le impedirá al funcionario González cobrar su sueldo de entre 60.000 y 80.000 euros anuales.