Acababa el artículo de ayer diciendo que algo no pinta bien cuando se usa la justicia con fines políticos. Es decir, cuando se judicializa la política. Y eso es algo que lleva ocurriendo muchos años en Pozuelo. No sólo en Pozuelo. Y cuando pasa esto y sigue pasando, deberíamos entre todos decir ¡BASTA YA!

Ahora toca hablar de una supuesta depuradora ilegal en Húmera. Una acusación suscrita por Podemos (Somos Pozuelo) y con repercusión en todos los medios de comunicación contra el PP.

Queridos amigos, en España sale gratis difamar. Que cargos públicos califiquen públicamente de ilegal una construcción, sin más, me parece escandaloso.

¿Quién ha decidido que esa construcción de 2006 es ilegal? La izquierda.

¿Quién ha dicho que durante 14 años se ha vertido ilegalmente en el Arroyo Antequina? La izquierda.

¿Quién señala con el dedo acusador al PP de esos vertidos ilegales? La izquierda.

La justicia no se ha pronunciado. Pero la izquierda y todo su séquito y oportunistas ya vuelven a hablar de Pozuelo y del PP cuestionando su gestión.

Quedan a penas nueve meses para unas elecciones en nuestro municipio y la oposición piensa en debilitar nuestro municipio a base de acusaciones sin demostrar. Con condenas sin juicio. Y con juegos malabares propios de estados policiales. “Como se está investigando… todos son culpables”.

Hay una denuncia de un vecino y se ha abierto una investigación. Y muchos cargos públicos y algún técnico (también los que no lo somos desde hace algunos años) acudimos a declarar. Colaborando con la justicia  para esclarecer los hechos denunciados y saber si son constitutivos o no de un delito medioamboiental y, en su caso, depurar responsabilidades.

En esta situación, yo no entiendo qué pintábamos algunos de nosotros en esta investigación. Pero siempre defiendo que hay que ir a dar la cara, reconocer nuestras responsabilidades, defender nuestra gestión y colaborar con la justicia. Pero la actuación del equipo de gobierno entre 2003-2007 y el siguiente mandato fueron intachables. Y eso es lo que conozco de mi etapa como concejal.

Quiero manifestar públicamente que los vecinos y denunciantes tienen todo su derecho a defenderse. Y es lamentable vivir en esa situación. Yo lo he lamentado pública y privadamente. Y, como yo, otros compañeros de mi partido. Incluso, la misma Alcaldesa.

Pero querer usar un problema de las personas en una batalla política por parte de SOMOS POZUELO, me parece que dista bastante de querer solucionarse y se asemeja bastante al ruido y acusaciones sistemáticas de la izquierda de este país. Ahora quieren crear una causa general contra los gobiernos del PP de Pozuelo. Causa general en fase de diligencias previas. Aunque ellos ya lo han vendido como caso de condena multitudinaria al PP. Indecente, política y constitucionalmente hablando.

Y que conste que no es una ofensa a Perpinyà y los suyos. Es una realidad. Ellos recogen lo que otros políticos han sembrado. Y así estamos. Unos acusan sin pruebas, difaman. Otros aguantamos. Callados o no. Y la justicia no actúa cuando se demuestra que el político de turno, del Partido Popular, no tiene nada que ver con los delitos por los que ha sido imputado. Ni la justicia. Ni algunos medios de comunicación.

Pero, como siempre he hecho, doy la cara. Y escribí hace meses en relación a esta depuradora. Y el miércoles pasado fui al juzgado. Y aquí quiero volver a reivindicar que el único papel que hizo el gobierno municipal al que yo pertenecí, fue resolver un problema que sufrían los vecinos de Húmera. Así de sencillo.

En el año 2004, realizamos un obra para adaptar una depuradora a la legislación vigente y para no verter de manera ilegal. El motivo fue la notificación al Ayuntamiento de una sanción con incidencia leve por un vertido concreto en el Arroyo Antequina. Y actuamos inmediatamente. Sanción, reacción.

El político no es un técnico medioambiental, ni siquiera ingeniero de infraestructuras y menos aún, tiene capacidad para conocer los índices de contaminación. El político es aquél que ante un problema, propone soluciones. Y se propusieron inmediatamente.

Esa depuradora, que algunos tildan de ilegal, se ejecutó de conformidad a un proyecto y unos informes técnicos que no sólo aseguraban que cumplía con toda la normativa. Incluso aquellos que alegan que se hizo sin informe medioambiental, que revisen las actuaciones, porque, finalmente, el informe se hizo y no se presentó ninguna alegación por parte de los vecinos.

Los hechos objetivos son los siguientes. Desde que se ejecutó la obra de ampliación de la depuradora en el año 2006 hasta el año 2016, no ha habido ninguna sanción por vertidos ilegales. Diez años sin sanciones ni denuncias. Diez años, amigos.

La investigación judicial se realizará en torno a si esos presuntos vertidos sin autorización fueron continuos o no. Es decir, si la depuradora lleva contaminando desde el año 2006. Los datos objetivos están ahí. La Confederación lo ha dicho expresamente. Los años siguientes a la ejecución de la obra. Ocho. No hubo ninguna sanción. Por la tanto, no hubo vertidos ilegales.

No todo vale en política. ¿Cuántos votos supondrá esta polémica para la oposición? Y yo me pregunto: ¿Y cuando se archive todo contra todos, ¿qué sucederá?

Yo podría decirle al señor Perpinyà que revise el estado policial y procesal de los cargos públicos de Podemos antes de señalar al PP. Pero no quiero hacerlo. Así que sólo le pido a Somos Pozuelo que tengan paciencia. Esperen. Y cuenten la verdad cuando haya una resolución judicial. Porque mientras al Partido Popular nos preocupa y nos ha preocupado siempre la vida de nuestros vecinos, Somos Pozuelo está demostrando que sólo le preocupa el titular. El titular y una incoación. ¿El resultado? Bueno, después de las elecciones.

Que la Depuradora actualmente no tenga la capacidad que necesita es un hecho que tendrá que solucionarse. Eso es indudable. Pero también es cierto que el Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto necesario para resolver esta situación.

La decisión política debe ser resolver esa situación y los técnicos decir cómo debe resolverse, siempre de acuerdo a la ley.

Por cierto, informes técnicos que los políticos tienen la obligación de acatar y si no lo hacen, estarían delinquiendo, que es lo que parece que algunos alegan que tendríamos que haber hecho.

Termino reclamando una reflexión en torno a lo que rezan mis dos artículo:

¿Sale gratis en España calificar de ilegal, corrupto o falso actos, acuerdos y documentos de políticos?

Lamentablemente, sí. Con una connotación pública y de condena propia de regímenes totalitarios.

Quien acusa debe probar sus acusaciones. Pero si luego se demuestra que todo estaba correcto, debería exigírsele al acusador y señalador y a quien difunde todo, responsabilidades.

Porque si esto fuera así, otro gallo nos cantaría.

Gracias, amigos.

Yolanda Estrada