El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a una multa millonaria por tardar en adecuar a la normativa europea los sistemas para la depuración de aguas residuales urbanas en distintos municipios del país. En concreto, España deberá «abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso», según un comunicado del Tribunal.

La Comisión Europea, que pedía 46 millones, interpuso su segunda denuncia sobre esta materia en noviembre de 2016. La primera denuncia contra España data de 2008 y se saldó con otra condena en 2011, aunque en aquella ocasión sin sanción económica. Pero España siguió sin cumplir, a juicio del ejecutivo comunitario, y denunció a 17 municipios, la mayoría en Andalucía (8), aunque también incluía a Asturias (1), Galicia (3), Comunidad Valenciana (3) e islas Canarias (2). La multa leída hoy por la justicia europea se impondrá al conjunto del Estado.

El tribunal de Luxemburgo considera que España ha incumplido la sentencia de 2011 porque al finalizar el nuevo plazo fijado (el 31 de julio de 2013), las 17 aglomeraciones denunciadas seguían sin disponer de los sistemas obligatorios de tratamiento de aguas residuales. En la actualidad, reconoce el tribunal, la cifra se reduce a 9 localidades, pero impone la multa debido al carácter prolongado de la infracción. En este sentido, remarca que la plena ejecución de la sentencia de 2011 no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años sobre la entrada en vigor de la directiva europea. Los 11 millones por semestre, según los jueces, deberán abonarse a partir de hoy y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011. No obstante, según se subsane la situación en cada localidad, el importe se reducirá en proporción.

Las aguas residuales no tratadas pueden representar un riesgo para la salud pública, al quedar contaminadas por bacterias y virus nocivos. Además, contienen nutrientes, como nitrógeno y fósforo, que suponen una amenaza para el medio marino, al favorecer la proliferación excesiva de algas. Por ello, la Directiva de Aguas europea establece que los Estados miembros deben garantizar que ciudades y urbanizaciones de más de 15.000 habitantes recojan y traten correctamente sus aguas residuales urbanas.

En la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, ya contempló la llegada de una multa a España por los «deficientes y preocupantes» niveles de depuración de aguas residuales. «Es un panorama enormemente preocupante. Nos enfrenta desde ya mismo a la imposición de multas millonarias coercitivas que no nos podemos permitir, a la amenaza de devolución de ayudas ya concedidas e invertidas y al bloqueo al acceso a determinadas líneas de financiación comunitarias», avanzó. Según dijo, el siguiente paso es un plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización del agua.