El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid ha archivado la causa abierta contra 16 investigados por un supuesto delito de administración desleal del antiguo consejo de Mercamadrid, entre los que se encontraba la ex delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, durante su etapa como concejal de Economía y Hacienda en el anterior Gobierno de Ana Botella.

En el auto judicial, al que ha tenido acceso ABC, el magistrado dicta el «sobreseimiento provisional» al entender que no está acreditada la perpetración de delito por parte de ninguno de los querellados ni existen indicios suficientes para considerar que hayan cometido un delito penal de administración desleal y/o fraude.

Con esta decisión, el juez da por finalizada la instrucción y ratifica la tesis de la Fiscalía, emitida el pasado 13 de abril, en la que pedía cerrar el caso Mercamadrid, al no apreciar que los acuerdos de transacción y contratos de arrendamientos suscritos por Mercamadrid con la empresa Mercaocio 22 S.L. hubieran supuesto un «importante perjuicio patrimonial» para la primera, «a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio».

Este hecho llega más de un año después de que la propia Fiscalía presentara una denuncia contra el ex director general de Mercamadrid S.A. José Manuel Torrecilla Jiménez y las doce personas que en 2013 formaban parte del Consejo de Administración de dicha empresa. Es decir, Concepción Dancausa (presidenta), María Jesús Prieto (vicepresidenta primera), María Dolores Fernández (vicepresidenta segunda) y los vocales Manuel Beltrán, José Antonio Crespo, Pablo del Amo, Pablo Manuel González, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez, Silvia Llerena, José Ignacio Ortega y Manuel Troitiño. Además, del ex secretario general, Fernando Gomar, y los que eran administrador y apoderado, José Rodrigo Domínguez y Juan María López, respectivamente.

La acusación, ejercida por el Gobierno de Manuela Carmena, hacía referencia a un acuerdo de transacción suscrito entre Mercamadrid S.A. y Mercaocio 22 S.L. por el que se ponía fin a los litigios entre ambas. Así, la segunda compañía reconocía adeudar a la primera 698.397 euros en concepto de cánones superficiarios y gastos derivados del impago, y aceptaba la validez de los contratos de cesión de los derechos de superficie. Una circunstancia que provocó la denuncia del Ministerio Público en abril de 2017.

Sin embargo, tras practicarse las diligencias pertinentes, la Fiscalía llegó en abril de 2018 a la conclusión de que Mercamadrid suscribió el contrato de arrendamiento con Mercaocio para subarrendar, al mismo tiempo, las salas a otra compañía (Mercasa) en las mismas condiciones pactadas con el arrendador. Se trataba de una operación «a tres bandas» que permitía poner fin a los litigios entre ambas mercantiles, de manera que si este subarriendo se hubiese llevado a cabo, ningún perjuicio se habría producido.