La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado el desalojo exprés de las viviendas de particulares ocupadas siempre y cuando los propietarios sean “personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social”.

Así se pasaría de uno a tres meses el plazo máximo para efectuar el desalojo de los ocupantes de las viviendas frente a los dos años que llegan a alargarse por el trámite actual.

El texto ha salido adelante con 19 votos a favor y 18 en contra, estos últimos de Unidos Podemos, PSOE y ERC ya que consideran que con esta ley no se garantiza el realojo de las familias vulnerables que se encuentran en esta situación.

La reforma, que ahora va al Senado, podrá entrar en vigor antes de verano.

La modificación de la Ley pretende incluir la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente, posibilidad que podrá ejercer el propietario persona física, así como las entidades sociales y administraciones públicas tenedoras de un parque de viviendas de carácter social destinado a atender las necesidades urgentes de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.

En la exposición de motivos se indica también que “la okupación ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a la posesión de una vivienda, no puede ser tampoco la vía de acceso al derecho constitucional a una vivienda”.

“Simultáneamente, los poderes públicos deben garantizar la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, mediante el aseguramiento de un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial”, añade.

Por ello, propone articular los mecanismos legales que permitan la garantía y la imperturbabilidad de la propiedad privada de las personas físicas, a la vez que permitan reforzar el parque de viviendas de alquiler social existente, para que pueda estar plenamente disponible al servicio de las necesidades urgentes de las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.