Las agresiones al personal sanitario se han convertido en una triste y frecuente noticia en los medios de comunicación. Y sin embargo, el gran público solo tiene conocimiento de una ínfima parte de las agresiones que se producen cada año en nuestro país.

El 60% de los trabajadores sanitarios han recibido presiones, amenazas, agresiones verbales o físicas por parte de los pacientes o sus familias.  Podemos imaginarnos al agresor como un enfermo mental o un paciente que sufra adicciones, pero es solo una parte de la verdad. La gran mayoría de los agresores parecen gente normal y es una decisión del personal la que desencadena la crisis.

Negarse a administrar una medicación, un traslado de unidad o centro o, simplemente, un retraso en la atención en urgencias o en la consulta pueden ser el detonante de una agresión.

Los daños no solo afectan al personal ya que, en ocasiones, el equipo y el mobiliario quedan destrozados. Lo que queda peor parado, en cualquier caso, es la autoestima del sanitario.

El personal que sufre agresiones tiene una elevada incidencia de depresión y trastornos de ansiedad y es una causa de baja laboral relativamente frecuente.

Imagine lo que supone ver una y otra vez en consulta a una persona con la que se ha tenido un incidente de cierta gravedad. O encontrárselo en el aparcamiento esperando sentado sobre tu propio coche…y no son anécdotas, pasa todos los días.

El Servicio Madrileño de Salud puso en marcha, hace casi diez años, un sistema de registro que permitiera la cuantificación de este problema en el ámbito de la sanidad pública. Se denomina Registro Madrileño de Agresiones y Conflicto Profesional Sanitario, mas conocido por sus siglas REMAC y del análisis de sus resultados se pueden extraer algunas conclusiones. Aunque no todos los incidentes se declaran, esta iniciativa es una de las herramientas más fiables para conocer el problema.

En primer lugar, dentro de la propia Comunidad de Madrid, hay importantes diferencias geográficas.  Hay más trabajadores sanitarios en hospitales que en atención primaria, y por ello, se declaran más agresiones en ellos, pero se puede asegurar que las situaciones de conflicto son más habituales en la atención primaria, en los centros de salud, que en los hospitales.

En la atención primaria el agresor suele ser el propio paciente y el agredido es el facultativo dentro de su propia consulta. En los hospitales, las unidades más peligrosas, con mucho, son las urgencias y los agresores acostumbran a ser las familias o los acompañantes de los pacientes, siendo las enfermeras las que soportan un mayor número de agresiones.

Los hospitales disponen de mejores herramientas de control: hay mucho más personal presente y todos tienen agentes de seguridad privada. Ambas cosas disuaden al agresor de sus intenciones y en caso de agresión limitan los daños que el personal sanitario puede sufrir.

Sin embargo en los consultorios de atención primaria, con mucho menos personal, trabajando en despachos separados, el agresor lo tiene mucho fácil y los números así lo indican. El problema es cuatro o cinco veces más frecuente en atención primaria.

En una consulta de un centro de salud, un solitario médico está vendido frente a un paciente agresivo.

No es un problema exclusivo de la Sanidad. También lo es de la educación. En marzo de 2015, el Código Penal amplió el número de funcionarios reconocidos como Autoridad Pública a sanitarios y profesores, pero dudo que esta medida pueda prevenir el problema. En todo caso, castigarlo.

En julio del año pasado el Ministerio del Interior creó la figura del “Interlocutor Policial Territorial Sanitario” en un intento de mejorar la seguridad de los sanitarios. Es pronto para evaluar su eficacia, pero la medida evidencia que ni Comunidades ni Ministerio de Sanidad tienen capacidad para resolver del todo este problema. Si es que alguien la tiene.

Mientras tanto, mejorar la formación del personal, desarrollar protocolos de trabajo y organizar la asistencia de una manera más segura son cosas que se pueden hacer y que solo se han hecho en parte.

Pero ninguna de estas medidas ataja la raíz del problema: en los centros sanitarios, en los colegios, en los centros de ocio, en el deporte…hay violencia. Quizás sea un signo de una sociedad enferma.

La cura está en manos de la buena educación. No me refiero a la educación que puede dar el sistema educativo, si no a la que se imparte en casa, en la familia. La que pone al respeto como centro de las relaciones entre las personas.

Juan J. Granizo, Doctor en Medicina, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública