Me ha sorprendido esta acción política del PSOE de Pozuelo. Es imaginativa. Solo sirve para abrir un campo político inexplorado hasta ahora, sin demasiada repercusión más allá de la que produce el marketing político, pero es algo novedoso y, desde luego ocurrente… Algo es algo. Supongo que el Comité Ejecutivo de la Agrupación socialista en Pozuelo o el propio Grupo Municipal socialista lo habrá pensado bien y creerán que merece la pena.

El Defensor del Pueblo (artículo 54 de la Constitución Española), por aclarar cosas, es el Alto Comisionado de las Cortes Generales encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas.

Cualquier ciudadano puede acudir al Defensor del Pueblo y solicitar su intervención, que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración pública o sus agentes, presuntamente irregular.

En teoría es una importante institución del Estado pero solo tiene el poder que le da su independencia y su prestigio. El Defensor del Pueblo puede sugerir a cualquier Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para los administrados. Puede sugerir pero poco más.

Es cierto también que, pese a su poca capacidad impositiva, su prestigio hace que sus sugerencias sean escuchadas y eso muchas veces es más importante de la propia obligatoriedad que podría imponer. Por eso digo que este decisión del PSOE de Pozuelo de llevar ante el Defensor del Pueblo (en este caso, ante don Francisco Fernández Marugán de manera interina) no da más de sí que lo que publicitariamente se consiga durante el tiempo que sea actualidad… Que no es poco.

Que Ángel González Bascuñana  haya presentado su queja ante semejante organismo es un recurso político de cierta importancia al que tiene derecho y los periódicos sacaremos la noticia para avergonzar a un Gobierno, como el de Pozuelo, que se niega a dar cauce de participación a los ciudadanos.

Como dicen en la nota de prensa, tras múltiples reclamaciones en Pleno, los socialistas de Pozuelo han hecho una denuncia ante el Defensor del Pueblo por el incumplimiento constante en el desarrollo y actualización de las políticas de participación ciudadana por parte del PP.

Y, según señala su portavoz Ángel G. Bascuñana, “En 2008, en tiempos de Jesús Sepúlveda, Pozuelo se acogió al régimen de gran ciudad lo que le otorgaba grandes capacidades de decisión política al equipo de gobierno y especialmente a la Junta de Gobierno Local en detrimento del Pleno Municipal. Esta situación se equilibraba con un amplio abanico de medidas para la Participación Ciudadana. Pues bien, en Pozuelo el equipo de gobierno del PP incumple de forma clara y consciente esto. No tenemos Reglamento de Participación Ciudadana, no tenemos Consejo de la Ciudad constituido en esta legislatura, tenemos una distribución en distritos falsa, sin competencias, sin presupuesto, sin pensar.”

El Gobierno de la señora Pérez Quislant, digno heredero del Gobierno de la señora Adrados, tiene miedo a la participación política de los vecinos de Pozuelo por muchas razones. Tienen miedo a que les obliguen a trabajar, por ejemplo, y el control político se le vaya de las manos. Suele pasar cuando los líderes políticos no son ni siquiera políticos como ocurre en este caso.

El Ayuntamiento de Pozuelo carece de participación ciudadana medianamente organizada. Este Gobierno cree que abriendo un buzón de quejas o reuniendo a un grupo de notables para que propongan a los pozueleros que merecen ser reconocidos con una placa cumplen con lo que ello. Pero eso no es participación. Recuerdo como se alarmó Quislant cuando una vecina de Monte Alina expuso un problema de su urbanización al finalizar un Pleno. Y solo buscaba una respuesta facilísima si estuviésemos gobernados por un gobierno diligente, preparado y que supiese de verdad los problemas de la villa. Lógicamente, bastó una sugerencia a la urbanización para que la acallaran para siempre.

No sé hasta dónde llegará esta queja. No creo que llegue muy lejos pero, insisto, algo es algo. Creo que es un quiero y no puedo porque, como mucho, lo que recibirá el Gobierno de Pozuelo será una reprimenda por no dar cauce de expresión a los vecinos, a los que está obligado. Pero este Gobierno ya no se inmuta ante nada y su alcaldesa menos. Y una sugerencia solo es una sugerencia.

Otro gallo cantaría si hubiesen presentado una denuncia por prevaricación administrativa ante los Tribunales de Justicia ya que la actuación del Gobierno está a centímetro y medio -tal vez menos- de cometerla en este tema y en otros muchos, sobre los que saben perfectamente que están conculcando la norma. Pero doctores tiene la Iglesia y supongo que el PSOE lo habrá valorado suficientemente.

En cualquier caso, bienvenida sea la queja ante el Defensor del Pueblo. Al menos, alguien sabrá en Madrid de la poca vergüenza política que se gastan los políticos del Gobierno de Pozuelo.

Alcaldesa, vete ya, de verdad… Estás acabando con el poco prestigio que le queda al PP y a la villa.

El Capitán Possuelo