El Gobierno de Cristina Cifuentes y su consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero han recibido un varapalo que podría tener consecuencias en las elecciones autonómicas del próximo año.

El Tribunal Supremo ha anulado los denominados pactos de gestión de 11 hospitales madrileños (Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, 12 de Octubre, La Paz, Gregorio Marañón, Móstoles, Getafe, Puerta de Hierro, Severo Ochoa, El Escorial y la Unidad Central de Radiodiagnóstico) para reducir las listas de espera quirúrgicas.

Gracias a estos acuerdos, los quirófanos se abren por la tarde y en fines de semana para reducir el número de personas que esperan ser operadas. Los profesionales que participan -voluntariamente- lo cobran como horas extra e, incluso, hay personal contratado ex profeso. Ahora, este plan de choque de la Comunidad contra las listas de espera queda en el aire.

En realidad, los pactos de gestión eran un parche para hacer frente a la drástica reducción de personal en la Sanidad madrileña, del 20% entre 2011 y 2015, los años duros de la crisis, según la Cámara de Cuentas.

Se trataba de acuerdos directos con los profesionales sin pasar por la negociación colectiva, como ahora censura el Supremo. Con estos pactos, todos ganaban. Los profesionales, que cobraban y miraban hacia otro lado cuando se producían derivaciones a centros privados, y la Consejería de Sanidad que conseguía que no aumentara la lista de espera.

La importancia del quebranto que la decisión del Supremo significa para Cifuentes cuando nos acercamos a año electoral, está en las cifras. En 2016, cuando se anunció la puesta en marcha de los pactos de gestión, había unas 80.000 personas en lista de espera en Madrid y la media de espera era de 43 días. Ahora, según los últimos datos oficiales de la Comunidad de Madrid, correspondientes a diciembre de 2017, hay 73.834 pacientes esperando y lo harán 51 días antes de llegar al quirófano.