Las vacaciones navideñas son un buen momento para echar una mirada retrospectiva a los temas pendientes de largo recorrido que tiene el ayuntamiento por abordar. Entre todos ellos destaca ARPO, un proyecto atascado durante más de una década, que tiene pendiente de resolver una parte importante del territorio de nuestro municipio y, con ello, la solución urbanística de nuestra ciudad para los próximos 40 años, por lo menos.

Desde la dimisión del alcalde Martín Crespo, recientemente fallecido, los distintos alcaldes que han venido sucediéndose, desde Sepúlveda hasta Quislant, pasando por Aguado y Adrados, no han sido capaces de activar un proyecto importantísimo para nuestro municipio.

Bien es cierto que ha habido una crisis económica de por medio descomunal, que ha roto todas las expectativas de los propietarios de terrenos y de los promotores inmobiliarios, pero el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en vigor se aprobó en marzo de 2002, hace 15 años y la crisis empezó a vencerse en 2014, hace ya tres años.

Ni siquiera este gobierno Quislant, tan apocado y complaciente, ha licitado aún las obras para construir el colector de aguas pluviales, paso previo a la reparcelación y construcción de edificios de viviendas y oficinas, que costará, dicen, 56 millones de euros, de los que el Ayuntamiento deberá aportar 12 o 13 millones.

Quizá el retraso se deba a la estrategia del partido político gobernante, el PP, que vería peligrar su mayoría por la gran cantidad de residentes que vendrían a sumarse a la actual población. Si ahora somos 85.000 habitantes en Pozuelo, con las más de 5.000 nuevas viviendas de ARPO pasaríamos alrededor de los 100.000, un 20% más de votantes y eso es muchísimo para un partido renqueante incapaz de regenerarse.

Sin embargo, ante las buenas expectativas que despierta el mercado inmobiliario en España, parece que empieza a vislumbrarse una tímida voluntad política de este pésimo gobierno municipal que encabeza la Alcaldesa Quislant, para activar el Plan ARPO. ¡Ya era hora! Dirán los más perjudicados por la demora.

Paloma Tejero, Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, respondía recientemente a la oposición que “el soterramiento de los tendidos eléctricos de La Cabaña está incluido como carga de urbanización interior del UZ 2.4-03 ARPO” y que “tras la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Parcial y su proyecto de reparcelación, se podrá aprobar el proyecto de urbanización y conveniar con la Junta de Compensación de ARPO la ejecución anticipada de dichas obras”.

Hay que tomar carrerilla para leer esta respuesta, pero deja a las claras que 15 años después de su aprobación, parece que hay voluntad política de activar de una vez ARPO. Además, la Junta de Compensación ha abierto una oficina de atención al público en la Plaza del Padre Vallet. Supongo que querrán empezar a vender, sobre plano, viviendas y locales comerciales.

Ya no mandan los miedos políticos de este gobierno municipal, tan reacio a la activación de ARPO, sino los intereses y presiones de los propietarios y promotores ante la activación enérgica que se ha despertado durante 2017 en el mercado inmobiliario de nuestro país. Dinero llama a dinero.

Juan Pozuelo