Tras la repentina muerte en Buenos Aires del fiscal general José Manuel Maza, el teniente fiscal Luis Navajas se encargará de dirigir la Fiscalía a la espera de que el Ministerio de Justicia inicie el procedimiento establecido para nombrar un sustituto, un proceso que posiblemente será rápido por la actual situación que se está viviendo en Cataluña.

Según ha explicado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, en una entrevista concedida a esRadio, el Ministerio de Justicia propone un candidato que “deberá pasar por un examen” y comparecer ante el Congreso de los Diputados, “donde pondrá de manifiesto cuáles son las líneas fundamentales en cuanto a su actuación como Fiscal General del Estado si finalmente resulta propuesto”, explica Dexeus.

En cuanto a los nombres de los posibles candidatos, Dexeus asegura que desconoce si ya se ha pensado en alguna persona en concreto: “Creo que nos ha pillado a todos tan desprevenidos esta situación, que de momento desconozco cualquier nombre en el que se pueda estar pensando”. Lo que Dexeus tiene claro es que será un proceso rápido: “será una sucesión rápida por la situación en la que nos encontramos, pero sensata y bien bien meditada.”

Todavía están pendientes de juicio las querellas que Maza presentó durante su año al frente de la Fiscalía contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y trece exconsejeros de la Generalidad por rebelión, sedición y malversación. También lo está la querella presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia. La situación de todas estas causas, señala Dexeus “debería seguir con el ritmo que se está llevando actualmente”.

Al Fiscal General del Estado le nombra y cesa el Rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial. No tiene por qué ser Fiscal, sino que ha de tratarse de un jurista español de reconocido. Mientras tanto, el teniente fiscal Luis Navajas se hará cargo de la Fiscalía y tendrá que decidir sobre el futuro en prisión de los consejeros y el posible traslado del caso al Tribunal Supremo.