La Delegación del Gobierno en Madrid ha requerido al Ayuntamiento de la capital a anular unas modificaciones de crédito en el presupuesto de 2017 de 230 millones de euros para hacer las inversiones que se habían paralizado tras la petición del Ministerio de Hacienda de inmovilizar 238 millones de euros.

La Delegación del Gobierno considera que esas modificaciones de crédito aprobadas en el Pleno municipal del pasado mes de julio -con los votos a favor de Ahora Madrid y del PSOE, y del PP y C’s en algunos de los puntos de la iniciativa- son «contrarias de derecho».

Sin embargo, el Consistorio madrileño defiende en una nota de prensa que se trata de una actuación «ajustada a la ley» y «necesaria para Madrid».

El Ayuntamiento de Madrid aprobó en el Pleno de junio la concesión de créditos por un importe total de 230,4 millones de euros en su presupuesto para 2017 con los que pretendía compensar la inmovilización de 238 millones que tuvo que realizar a instancias de Hacienda por el incumplimiento de la regla de gasto en 2016.

El Pleno de Madrid aprobó aportar al presupuesto de este año 195,1 millones de euros en concepto de suplementos de crédito y 35,3 millones en créditos extraordinarios con los que según el concejal delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, se financia la Operación Asfalto, la replantación y cuidado del arbolado o las obras de la Muralla de Madrid.

La Delegación del Gobierno, en el primero de los dos requerimientos fechado en el 7 de agosto recuerda al Consistorio que tiene aprobados acuerdos de no disponibilidad de créditos de las cuentas de 2017, y que los suplementos de crédito «rebasan ampliamente la cantidad previamente declarada como no disponible por el Ayuntamiento».

Según el departamento que dirige Concepción Dancausa, de este modo se estaría infringiendo la ley de estabilidad, por lo que se exige al Ayuntamiento anular esa aprobación plenaria bajo la amenaza de la impugnación de la resolución.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha aclarado en su escrito de respuesta a la Delegación del Gobierno que los acuerdos de no disponibilidad «ya fueron adoptados y siguen vigentes en su totalidad», mientras que los créditos adicionales adoptados en los Plenos de junio y julio tienen una fuente de financiación diferente, «por lo que la argumentación de Delegación de Gobierno no se ajusta a Derecho».