Los hermanos Ruiz-Mateos se enfrentan a la ejecución de embargo de sus 45 propiedades inmobiliarias en España. Algunas de las órdenes en este sentido aparecen ya inscritas en los registros de la propiedad y, según admiten desde la familia, es un proceso que afecta “a todas las casas de los hermanos por ejecuciones hipotecarias por parte de la banca”, aunque no todas ellas se pueden cerrar, porque están pendientes también de los embargos en la Audiencia Nacional.

Una de las primeras viviendas sobre la que se ejecutó el embargo fue la residencia familiar en la lujosa urbanización Somosaguas, en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la calle Alondra, donde el matrimonio Ruiz-Mateos Rivero vivió con sus 13 hijos.

La familia tenía suscrita una hipoteca con el banco BNP-Paribas Fortis por 6 millones, que finalmente no pudo asumir, con lo que la casa fue embargada y se puso a la venta por 3 millones de euros. Esta vivienda habría tenido en las últimas semanas varias ofertas de compra y el precio podría haber subido, de hecho, hasta los 4 millones.

Entre las propiedades cuyo embargo se acaba de ejecutar figura también la que era, hasta ahora, vivienda habitual de Teresa Rivero, la viuda del patriarca del clan, José María Ruiz-Mateos. Tras su muerte, Rivero, se quedó a vivir en un dúplex en la calle Rigel, en Aravaca, también en Madrid.

Es un inmueble en el que antes vivía su hijo Alfonso Ruiz-Mateos y que figuraba a nombre de la sociedad Aleanson, empresa que perteneció al propio Alfonso y que, tras el colapso de Nueva Rumasa, se acabó poniendo a nombre de una firma de Ángel Cabo, supuesto testaferro de los Ruiz Mateos, que les habría ayudado en el desvío de activos del grupo de empresas.

El resto de las viviendas está repartido por las zonas más exclusivas de Madrid -tanto en Aravaca como en Pozuelo de Alarcón- y de Cádiz, con casas en Sotogrande, El Puerto de Santa María, Rota y Jerez de la Frontera, entre otros municipios. En la mayoría de los casos, los embargos no se pueden ejecutar hasta que se levante la prohibición de disposición que dictó la Audiencia Nacional.