El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión que impuso la Audiencia Nacional al exfutbolista del Atlético de Madrid Julio Prieto por participar en el secuestro y retención de una persona para rembolsar una deuda que tenía con una organización de narcotraficantes.

El alto tribunal también ha ratificado las penas de otras ocho personas que participaron en estos hechos.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados por los nueve acusados, entre ellos el exfutbolista, contra la sentencia dictada en julio de 2016 por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en la que impuso penas que oscilan entre los 34 y dos años de prisión por los delitos contra la salud pública, detención ilegal, amenazas, lesiones y robo.

Ocho de los acusados eran miembros organización criminal dedicada a introducir cocaína y hachís en España por medio de helicópteros desde Marruecos o procedente de países latinoamericanos a través del aeropuerto de Barajas para venderla a terceros para su distribución en países europeos, en especial Rusia. La Guardia Civil llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que se hizo pasar por trabajador de una empresa del aeropuerto que ayudó a traer la droga.

Entre los condenados se encuentra el exfutbolista y representante de jugadores Julio Prieto, pero no por tráfico de drogas sino por haber participado en el secuestro de un colaborador de la red de narcos, que pasó a ser testigo protegido tras varias amenazas de muerte.

El Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión a Prieto como coautor del delito de detención ilegal del testigo, al que le reclamaba 500.000 euros que debía a los narcotraficantes. El alto tribunal ha avalado la declaración de la víctima ante la Audiencia Nacional, así como la grabación de la conversación que mantuvo con el ‘número dos’ de la banda criminal en un restaurante de Málaga y los relatos “sustancialmente iguales” que ofrecieron las personas presentes en los hechos.

Según relata la sentencia del alto tribunal, varios miembros de la organización quedaron con esta persona en la vivienda del cabecilla de la trama, Juan Ignacio Burgete, en la urbanización La Finca, situada en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón en octubre de 2012.

Cuando la víctima llegó a la vivienda, “fue agarrado por la espalda y cuello de forma violenta” por uno de los acusados, le retuvieron, golpearon y amenazaron a punta de pistola para reclamarle el pago de dicha cantidad, ya que Prieto le había responsabilizado de “haberlo perdido”. Según cuenta la resolución del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, el exjugador del Atlético de Madrid se marchó de la casa diciendo que hicieran con el testigo “lo que quisieran”.

A continuación, la banda informó al testigo de que un supuesto “policía nacional que trabajaba para ellos”, iba a ir pedir una serie de pruebas para poderle “meter en un marrón” si no hacía lo que le pedían. De este modo, le arrancaron pelos de la cabeza, le tomaron muestras de saliva y de huellas que dejó en dos cartuchos o en la empuñadura de una pistola.

Tras pasar cerca de una hora y media, el testigo se marchó bajo la amenaza de que si denunciaba los hechos a la Policía, “su mujer y sus hijos aparecerían muertos”, destaca la sentencia. Aunque las presiones continuaron posteriormente, no decidió acudir a la Guardia Civil hasta que no tirotearon su casa en Torrelodones (Madrid).