Estimado director:
Cansado de tanto abuso y arbitrariedad, le envío un artículo sobre la discriminación reinante (en cuento a criterios de eficacia y equidad) en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que, en el caso de la Policía Municipal es escandaloso. Incluso, indecente.

Y es que el Presupuestos de 2027, aprobado por la JGL del día 14 de octubre, vuelve a  plantear una pregunta incómoda:
¿Gestiona el Ayuntamiento de Pozuelo sus servicios públicos con criterios de eficacia y equidad o, simplemente, concede más recursos a quienes mejor negocian, mientras que a otros trabajadores municipales se les considera de segunda?

Y la pregunta es a propósito de las ventajas que se le conceden a la Policía Municipal.

Nadie cuestiona la importancia de la Policía Municipal ni la dificultad de determinados turnos ni el derecho a una remuneración adecuada.
Lo que debe analizarse es si el modelo de gasto y organización es eficiente y equitativo.
Una cosa es contar con una Policía bien dotada y otra favorecerla cada vez más con horas extraordinarias, bolsas de trabajo y otros conceptos retributivos, cuando la alcaldesa presume de que ya son 170 agentes mientras otros trabajadores del Ayuntamiento somos cada vez menos…

 Mucho dinero, pero ¿dónde está la eficacia?

El gasto en horas extraordinarias y otros conceptos relacionados con el personal policial exige explicaciones.
¿Se han dimensionado correctamente los turnos?
¿Se aprovechan los recursos humanos disponibles?
¿Se han estudiado alternativas organizativas más eficientes?

Si el recurso a las horas extraordinarias es recurrente, el Ayuntamiento debe explicar qué necesidades cubre, qué resultados obtiene y si existen otras formas de organizar el servicio.

Una Administración eficaz no se mide por cuánto gasta, sino por los resultados que consigue con cada euro público.

Mientras tanto, otros empleados municipales continúan esperando mejoras, reconocimiento profesional y soluciones a problemas enquistados.

¿Por qué algunas reivindicaciones encuentran vías de negociación mientras otras permanecen en un cajón?

El nuevo mando, la Dirección General y la responsabilidad política

La gestión del nuevo comisario de la Policía Municipal y de la Dirección General competente debe evaluarse como cualquier otra estructura municipal: objetivos, planificación, modelo organizativo y resultados.
Aumentar las partidas presupuestarias no basta; hay que demostrar que mejoran la cobertura, la capacidad de respuesta y la organización del trabajo.

Y la responsabilidad última es política.
La alcaldesa debe velar por el conjunto del Ayuntamiento, explicar sus prioridades y garantizar un trato coherente para toda la plantilla.
Si cada problema se resuelve poniendo más dinero sobre la mesa, ¿dónde quedan la planificación y la rendición de cuentas?

Sindicatos: ¿representantes de toda la plantilla o gestores de sus propios equilibrios?

Los sindicatos deben defender derechos, negociar mejoras y corregir desequilibrios. Por eso cabe preguntar qué hacen para representar al conjunto de los empleados municipales y qué propuestas presentan para quienes siguen esperando.

El problema no es que un sindicato policial defienda a los policías, sino que los demás representantes no defiendan con igual firmeza a sus propios colectivos.
La representación sindical pierde credibilidad cuando los resultados parecen concentrarse en quienes tienen mayor capacidad negociadora.

Los acuerdos sobre plazas, condiciones profesionales o beneficios deben ser transparentes, con reglas claras y garantías de igualdad, mérito y capacidad cuando correspondan. No hacen falta acusaciones sin pruebas: bastan la publicidad de los acuerdos y las explicaciones necesarias.

Defender la igualdad no significa que todos cobren lo mismo, sino que las diferencias respondan a criterios objetivos, transparentes y negociados, no a la capacidad de presión de cada colectivo.

Los demás trabajadores también existimos

El Ayuntamiento de Pozuelo no funciona únicamente gracias a la Policía Municipal. También lo sostienen quienes tramitan expedientes, coordinan servicios, atienden incidencias, mantienen instalaciones y resuelven los problemas cotidianos de los vecinos.

Estos trabajadores también soportan responsabilidades, sobrecargas y dificultades organizativas…
¿No tienen derecho a reclamar mejoras económicas acordes con sus funciones, revisiones profesionales y soluciones a problemas que arrastran desde hace años?

El agravio no nace de que un colectivo mejore sus condiciones, sino de que la Administración no explique por qué unas demandas avanzan y otras no.
Las concesiones aisladas no sustituyen una política de personal coherente.

El dinero es de los vecinos, no de quienes mejor negocian

El Presupuesto de 2027 debería servir para revisar el modelo. Los vecinos tienen derecho a conocer el coste de las horas extraordinarias policiales, las bolsas de trabajo y los demás conceptos retributivos, así como los objetivos perseguidos y las medidas de mejora organizativa.

También deben conocer qué política de personal plantea el Ayuntamiento para el resto de sus empleados y cómo se justifican las decisiones salariales.

No se trata de enfrentar a policías y demás trabajadores. La responsabilidad de establecer prioridades corresponde a quienes dirigen, negocian y aprueban las decisiones: la alcaldesa, los responsables policiales, la Dirección General competente, Recursos Humanos y las organizaciones sindicales.

Pozuelo necesita gestión, no una competición de privilegios

¿Qué Ayuntamiento queremos?
¿Uno en el que cada colectivo deba presionar más que el anterior, las horas extraordinarias se conviertan en una solución recurrente y algunos trabajadores sigan esperando?
¿O uno que planifique sus servicios, evalúe resultados y gestione el presupuesto con rigor y justicia?

Como trabajador municipal, no reclamo privilegios ni que se retiren derechos a otros compañeros. Reclamo que las oportunidades de mejora y el reconocimiento profesional no dependan de pertenecer al colectivo que consigue negociar más.

La alcaldesa debe explicar las prioridades presupuestarias; los responsables policiales, demostrar que el gasto mejora el servicio; Recursos Humanos, ofrecer una política coherente, y los sindicatos, acreditar que representan a toda la plantilla.

Una Policía bien pagada no es necesariamente una Policía mejor gestionada.
Y un Ayuntamiento que aumenta el gasto de personal tampoco es necesariamente un Ayuntamiento que cuida mejor a sus trabajadores.

Los vecinos merecen eficacia.
Los trabajadores merecen igualdad.
Y Pozuelo necesita una Administración en la que la gestión pese más que la presión, la transparencia más que los acuerdos opacos y el interés general más que las concesiones selectivas.

Lo demás no es una política de personal, es una forma muy cara de aplazar los problemas mientras quienes siguen esperando comprueban que no todos parecen tener la misma capacidad para hacerse escuchar.

Juan Pozuelo