Por tercera vez en dos años, la Justicia ha señalado que no advierte ilegalidad alguna en la venta de 1.860 viviendas de la EMVS que realizó el Gobierno de Ana Botella (PP) al grupo inversor Blackstone en 2013.

En un auto fechado el pasado 30 de enero, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid rechaza el recurso presentado por la portavoz del PSOE, Purificación Causapié –al que se adhirió el propio Gobierno de Carmena a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo– en contra de la decisión adoptada por esta misma instancia de no reabrir la causa.

El pasado mes de octubre el PSOE y el Ejecutivo Municipal registraron un escrito en los juzgados de Plaza de Castilla en el que señalaban «claros indicios» de que en la venta de las viviendas de la EMVS se produjo una «sustracción de un bien público». El escrito redactado por el grupo municipal socialista se apoyaba en un informe de la Cámara de Cuentas así como en las conclusiones de la comisión de investigación del Ayuntamiento que, finalmente, fue anulada por otra resolución judicial el pasado mes de diciembre.

Este año ya, el 10 de enero, el titular del juzgado número 38, el magistrado Juan Antonio Sáenz de San Pedro, dictó un auto en el que resolvía no reabrir el caso: «No se aporta ningún dato o elemento nuevo que no hubiera sido ya previamente conocido o que no esté incorporado a la causa, que no hay nuevos hechos no conocidos con anterioridad y los documentos aportados sólo suponen nuevas valoraciones de una misma realidad», según el criterio del juzgado número 38.