Los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón y Torrelodones tendrán que hacer una nueva licitación del servicio de limpieza de sus edificios y dependencias municipales, después de que el Tribunal Administrativo de Contratación de la Comunidad de Madrid haya dado la razón a la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), que recurrió sendos concursos públicos ante ese juzgado.

En un comunicado, la patronal del sector explicó este jueves que, una vez estudiados los pliegos de condiciones de los dos concursos públicos, advirtió que el presupuesto base de licitación de ambos consistorios era insuficiente para cubrir íntegramente los costes laborales, en consonancia con lo dispuesto en el convenio colectivo de limpieza de edificios y locales de la provincia de Madrid.

El presupuesto base de licitación de los ayuntamientos de Torrelodones y de Pozuelo de Alarcón ascendía a 964.183,14 euros (IVA excluido) y a 3.135.360,66 euros (IVA excluido), respectivamente.

Según los cálculos de Aspel, el importe máximo por hora para la prestación del servicio de limpieza era inferior al coste salarial de subrogar a toda la lista de trabajadores anexa, tal y como obligaban los pliegos de prescripciones técnicas.

La anulación de estos dos concursos públicos se suma a la del pasado mes de julio, cuando la Comunidad de Madrid invalidó el concurso centralizado de limpieza de nueve hospitales de la región. En aquella ocasión, Aspel demostró al tribunal que los 80,7 millones de euros de presupuesto no eran suficientes para pagar los sueldos de los trabajadores y tampoco se tenían en cuenta otros aspectos como las vacaciones o la tasa de absentismo laboral, que ronda actualmente el 12%.

Con la interposición de estos tres recursos, Aspel sigue la línea emprendida el pasado mes de enero con la publicación del estudio ‘La dictadura del precio’, elaborado por la consultora Deloitte, en el que mostraba su disconformidad en contra de los concursos de contratación que se publican con un precio de licitación por debajo del coste laboral.

En dicho informe, Aspel exigía que se modifique la actual legislación en materia de contratación pública, de manera que se fije previamente un precio de salida mínimo que soporte los costes de personal, sobrepasado el cual, las entidades concursantes puedan competir.

Asimismo, pedía que se endurezca la normativa para excluir directamente de los concursos públicos a aquellas empresas cuyos precios no soporten este coste de personal, así como los demás costes necesarios para la prestación del servicio, como los materiales consumibles.

Debido a la alta representatividad de la mano de obra en el sector, una bajada en los precios se traduce en una progresiva pérdida de puestos de trabajo y en una notable disminución de la calidad del servicio, según la asociación. Además, esta precarización lleva asociadas otras consecuencias negativas para el sector como el deterioro de las infraestructuras u operar bajo estándares de limpieza no óptimos para la salud laboral, entre otras.