Toda persona acusada de la comisión de un delito tiene derecho a ser considerada inocente en tanto no se establezca su culpabilidad en una sentencia definitiva.

Apuesto a que si le preguntáramos a cualquiera por la calle nos diría que está de acuerdo con esta afirmación.  Usted lo está ¿a qué sí? Pues siento decirles que de un tiempo a esta parte esa afirmación es más falsa que un billete de 6 euros

Yo la verdad que, como soy idealista y probablemente ilusa, sigo creyendo en esto del principio de la presunción de inocencia a pies juntillas. Me parece que éste es un principio fundamental en cualquier Estado democrático, esencial para mantener el Estado de Derecho.

Pero, desgraciadamente, no hay más que coger un periódico cualquiera, cualquier día de la semana, para ver cómo nos pasamos por el forro eso de que nadie será condenado sin que existan pruebas suficientes y que la prueba de la culpabilidad del imputado ha de ser suministrada por la acusación y no al revés.

Pero, ¡bah! Qué importancia tiene eso frente a un posible linchamiento al político que nos proporcione suculentas tertulias y editoriales escandalosos que engorden el bolsillo de periodistas sin escrúpulos que, además, pretenden poner y quitar gobiernos a golpe de titular. Y lo que es aún más grave es que esto se produce con la indiferencia e, incluso, con la venia de los jueces que, vaya usted a saber, si por presión mediática o por qué otros intereses, lo consienten.

Esta situación me recuerda cada vez más al Comité de Salvación Pública de la Revolución Francesa. Presidido por Robespierre, este Tribunal anuló sin contemplaciones la comparecencia de testigos y defensores de los acusados.  Los juicios eran sumarísimos porque “el incorruptible”, como el mismo se hacía llamar (tiene guasa la cosa), decía que la República no podía resistir ni un corrupto un solo día.  No hace falta contarles como acabo aquello.

Ahora, sin guillotina a Dios gracias, la situación se parece bastante.  Fíjense, al igual que Saint-Just, mano derecha de Robespierre, para pedir la muerte de Luis XVI dijo que ningún rey puede reinar inocentemente, nos han convencido de que ningún político puede serlo sin corromperse.

Hace algunos días hemos leído en los periódicos (sólo en algunos claro) que el que fuera el alcalde de Las Rozas ha sido absuelto de dos procedimientos por los que estaba imputado, investigado o cómo quieran ustedes llamarlo. Llega tarde la sentencia.  Nacho Fernández Rubio tuvo que renunciar a ser alcalde de Las Rozas, un gran alcalde, por esas acusaciones que se han quedado en agua de borrajas.

Nadie va a resarcirle de lo que él y su familia han tenido que pasar.  Él nunca querrá volver a la vida pública después de la experiencia y, con toda seguridad, viendo estos casos, gente de valía que podría acercarse a la política no lo hará, temerosos de verse envueltos en situaciones como esta.

Es sólo un ejemplo, podría ponerles otros muchos.  No les aburriré pero auguro que en poco tiempo habrá más y, en Pozuelo, los conoceremos.  Lo malo es que, entretanto, habremos destruido la honradez de mucha gente y habremos perdido grandes políticos de los que tan escasos andamos.

Aunque qué podemos esperar cuando ni los propios políticos son capaces de defender la presunción de inocencia de sus compañeros.  Es más, incluso aprovechan la ocasión para empujarles a la pira funeraria creyendo que así salen reforzados ¡Qué error!

La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica de un país y nos la estamos cargando con una frivolidad digna de Dorian Gray.  Frivolidad y estupidez suelen ir de la mano. Así nos va.

Manuela Malasaña