El juicio por la tragedia del Madrid Arena quedará hoy visto para sentencia tras cuatro meses de intensas sesiones en las que nadie ha asumido su grado de responsabilidad en la muerte de cinco jóvenes por una avalancha mortal.

La conclusión vendrá con el turno a la última palabra de los acusados. Muchos no harán uso de este derecho. Sí lo hará Flores, quien defenderá de nuevo su inocencia. Además, no pedirá perdón al no creer que tenga ninguna responsabilidad en los hechos, aunque lamentará lo sucedido, según su defensa.

El pasado 12 de enero, la vista oral arrancaba con quince acusados en el banquillo por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La presidenta de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, María Luisa Aparicio, ha dirigido las sesiones con más celeridad de lo que se esperaba en un principio, dado que finalizará un mes antes de la previsto.

Flores afronta una petición fiscal de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente grave y una petición de seis años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de empresario u organizador de fiestas. Las acusaciones quieren que se sumen cuatro años por cada víctima.

En su informe, la fiscal rebajó sus penas a dos años, seis meses y un día para el ‘número dos’ de Flores, Santiago Rojo, un empleado de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo, y para el jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero,.

Además, se piden tres años de cárcel para el socio y apoderado de Kontrol 34, Carlos Manzanares y Emilio Belliard; el coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; el coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; y el vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos, entre otros. La misma pena se reclama para Rafael Pastor y Francisco del Amo, encargados de seguridad de Madridec.

La Fiscalía rebajó en un año la pena para los encargados del dispositivo sanitario, Simón Viñals y su hijo, hasta quedarse en un año, seis meses y un día de cárcel por «un delito de homicidio por imprudencia grave profesional para cada uno de ellos». Además, la Fiscalía de Madrid retiró la acusación contra el jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso.

La fiscal sostiene que la noche de la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el pabellón Madrid Arena acabó con el fallecimiento de tres jóvenes y otras dos los días posteriores debido a las avalanchas provocadas por «la aglomeración de personas» en los vomitorios.

En cuanto a las indemnizaciones, la fiscal pide que se realicen de forma conjunta y solidaria entre los procesados. Para los familiares de Katia Esteban, Cristina Arce, Belén Langdon, y María Teresa Alonso, solicita que indemnicen a los padres con 173.990 euros por el daño moral y a sus hermanos, con cantidades como máximo de 164.500 euros. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se abone a los padres 243.587 euros.