El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que impute al diputado del PP en la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, por su relación con la trama Púnica. El magistrado ve indicios de delito contra el diputado de Cristina Cifuentes y eleva la causa al TSJM, quien tiene la competencia para investigar a Ortiz, al estar este aforado por su condición de diputado regional.

En un escrito, Velasco explica que ha encontrado indicios suficientes de que Ortiz favoreció supuestamente a la empresa energética Cofely, una de las más implicadas en la trama Púnica, en un contrato de 73 millones de euros durante su etapa como alcalde de Móstoles.

El juez considera que su conducta sería constitutiva de los delitos de fraude contra la administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones y cohecho.

El diputado regional se sirvió de su autoridad como alcalde, según el escrito de 74 folios del juez, para presionar de forma continua a sus empleados para obtener información del proceso de licitación del contrato. Gracias a ello envió información de las otras empresas competidoras a Cofely, unas gestiones por las que recibió grandes cantidades de dinero. Sus coacciones se dirigieron sobre todo contra el concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey.

El juez cifra en concreto que las irregularidades se hicieron a cambio de mordidas de entre 500.000 euros, 240.000 euros y 6.000 euros, «como reconocimiento a su ayuda para obtener el contrato», un dinero que se cargó al presupuesto de ejecución del contrato a través de una factura al Ayuntamiento por conceptos simulados. Estas mordidas, que Ortiz repartió con otras autoridades del municipio, perjudicaron a las cuentas públicas, al servicio municipal y a la competencia.

El flujo irregular de información que Ortiz desvió hacía la multinacional energética Cofely le permitió a esta empresa elaborar «un contra-informe anónimo» para eliminar de la pugna a la compañía competidora que mejor baremo tenía hasta ese momento, la mejor situada para llevarse el contrato, que se licitó el 12 de diciembre de 2013 y se adjudicó en 2014. El diputado de Cifuentes y sus colegas no podían adelantar esa información y solo se la filtraron a Cofely.

El juez es muy exhaustivo en la explicación de los numerosos indicios contra Ortiz. Según Velasco, durante su mandato como alcalde de Móstoles (2013-2014), «se han detectado presuntos actos de corrupción» a favor de Cofely «con ánimo de lucro personal como contrapartida». Además del diputado regional estuvieron implicados el exconcejal de Medio Ambiente Alejandro Utrilla, su hermano Mario Utrilla, que fue diputado regional en la anterior Asamblea de Madrid, y el empresario David Marjaliza, el centro de la tela de araña corrupta.