La medida para incentivar la natalidad que anunció hace unos meses el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pozuelo, la llevarán a la práctica a partir del 1 de abril y la han cuantificado mediante un pago mínimo de 1.500 euros para ingresos familiares superiores a 75.000 euros anuales, de 2.000 euros en el caso de ingresos inferiores a esa cantidad y de 2.500 si el recién nacido cuenta con alguna discapacidad. Huelga decir por nuestra parte, que estas prebendas las pagamos todos  los vecinos de Pozuelo y que sólo responden a fines electoralistas del Partido Popular que gobierna el Ayuntamiento. Pero la cuestión es valorar si esta medida aislada de nuestro Consistorio, como incentivadora de la natalidad en nuestro municipio, será capaz de aumentar la natalidad en Pozuelo, que es de lo que, supuestamente, trata esta medida difícil de asumir por el ciudadano.

Seamos serios, la familia que decide tener un hijo en esta época de alta incertidumbre por el futuro que tendrán nuestros hijos, no lo hace por los 1.500 o 2.000 euros que le dará el Ayuntamiento, máxime cuando la mayoría de la población de Pozuelo es acomodada, con rentas medias superiores a 40.000 euros anuales, lo hace por consideraciones muy personales, familiares, sociales e incluso motivaciones religiosas. Es un sarcasmo que los responsables políticos de poner en práctica esta medida, hayan querido remarcar como punto de inflexión los 75.000 euros de rentas anuales de la familia, para pasar de un importe (2.000 euros) a otro (1.500 euros). ¿Tan difícil era conformar un baremo con el que se intentara justificar esta medida injustificable, con tramos ajustados según renta anual familiar y dejar claro que a partir de rentas altas, como por ejemplo 60.000 euros, el incentivo no tendría razón de ser?

En un artículo anterior titulado “Incentivos a la natalidad como cuestión de Estado, no de ayuntamientos”, aduje que hay proyecciones estadísticas que sitúan a nuestro país en 2050 como el más viejo del mundo. La razón es que desde 1980 no logramos el reemplazo generacional, es decir, el nivel de fecundidad (2,1 hijos por mujer y año), necesario para asegurar la sustitución de una generación por otra de igual tamaño. En estos momentos, el nivel de fecundidad en España se eleva tan solo a 1,32 hijos por mujer, uno de los índices más bajos de Europa. En España por tanto, tenemos un problema de Estado que es necesario abordar desde el Gobierno central, mediante una decidida voluntad política por aumentar los incentivos a la natalidad y poner en marcha estímulos que favorezcan la libre decisión de engendrar hijos por parte de familias responsables.

Extendía en mi artículo esta afirmación con esta otra de aumentar las cuantías de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo e introducir un tratamiento fiscal más favorable para las familias, especialmente en el caso de familias numerosas, mono parentales, con hijos discapacitados y personas dependientes. Insistía y sigo insistiendo en que el reemplazo generacional es una cuestión de Estado, en cuyas políticas pueden actuar como ejecutoras las Comunidades Autónomas, pero nunca los Ayuntamientos por varias razones: porque es un asunto alejado de los servicios que emanan de éstos, porque con más de 8.000 en toda España es muy difícil armonizar actuaciones locales en todo el país y porque además, la mayoría de ellos están endeudados y con graves problemas de financiación.

Centrándome de nuevo en la rutilante medida de incentivar linealmente la natalidad en nuestro municipio y echando números de lo que costará este capricho adradonista a las arcas públicas (no olvidemos que la medida fue incluida en el programa electoral del Partido Popular de Pozuelo por el empeño de la anterior Alcaldesa Paloma Adrados), nos lleva a considerar que los tres millones de euros del cuatrienio que pagaremos todos, a razón de 740.000 euros anuales según lo aprobado en el Presupuesto para 2016, es de una desproporción considerable, máxime cuando hay tantas cosas por hacer en políticas sociales.niños nacidos

Es una medida desproporcionada y caprichosa, primero por su carácter universal, es decir, no tiene en cuenta el nivel de renta de las familias beneficiarias. Y segundo porque es injusta, ya que concede el mismo dinero a una familia con pocos ingresos que a una cuyo nivel de renta es alto. El Partido Popular de Pozuelo juega con la falsa idea de premiar la natalidad porque sí, no porque responda a una planificación que debería emanar del Gobierno del Estado, única administración con potestad para ello. Y como las finanzas públicas del Ayuntamiento están en un momento ideal y el equipo de gobierno se niega a rebajar impuestos, como el IBI o el de vehículos y eliminar tasas potestativas, como el alcantarillado, pretenden compensar esta reprochable actitud de su electorado con una medida copiada del denominado “Cheque bebé”, que fue aprobado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2007 y derogado tres años después por el mismo Gobierno.

Ciudadanos ya opinó y votó en contra de esta medida en el debate de los presupuestos para 2016, con enmiendas que reforzaban las políticas sociales municipales, proponiendo aumentar las partidas de Ayudas de comedor a familias en situación de mayor necesidad y riesgo social y manutención en los apartados de Prevención de la exclusión social y Personas con discapacidad. Desgraciadamente, en nuestro municipio existen muchas familias con estos acuciantes problemas que les impide llevar una vida digna y este gobierno municipal, en lugar de ayudar a estas familias como debiera y más, en el caso de un ayuntamiento rico como el nuestro, premia (que no ayuda) a todo tipo de familias para incentivar la natalidad, sean familias ricas o pobres, necesitadas o no. ¿Dónde está la cordura?

Miguel Angel Berzal, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos