Los concejales del Ayuntamiento de Madrid se enfrentarán a multas de hasta 3.000 euros en los casos en los que incumplan la Ordenanza de Transparencia, cuyo borrador ha sido presentado a los medios de comunicación este lunes por el Gobierno local. La normativa que regulará el acceso a la información públicatambién incluirá sanciones económicas para funcionarios y titulares de órganos directivos, además de la posibilidad de rescisión de los contratos con las empresas que no entreguen la documentación requerida.

Una vez que entre en vigor, todos los ediles que forman la Corporación municipal (y no sólo el equipo de Manuela Carmena como hasta ahora) estarán obligados a colgar en la web oficial del Consistorio el contenido de sus agendas de trabajo, para lo que han recibido un manual explicándoles “qué y cómo” deben hacerlo. Además, la resolución de compatibilidades de altos cargos también será de libre acceso “para regular las puertas giratorias”.

“El objetivo es que los muros de esta institución sean de cristal”, ha señalado Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, que para elaborar la ordenanza preguntó a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid qué información pasaba por sus mesas que creían que debía de ser publicada. “En sólo 24 horas recibimos las respuestas de 1.000 funcionarios”, señala.

La normativa también contempla la creación de un registro de lobbies en el que tendrán que inscribirse todas las personas físicas y jurídicas que se reúnan con trabajadores del Consistorio de la capital “con la intención de de influir en la toma de decisiones de lo público”. Esta base de datos estará enlazada con las agendas de los representantes políticos de forma que se podrá ver “que se han reunido conequis grupo de presión, qué temas han tratado y si se ha entregado documentación”.

La nueva ordenanza no sólo pretende desarrollar la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno aprobada por el Gobierno central, sino “ir más allá al mejorar dicha norma y añadir la regulación de otros datos”, como reforzar las obligaciones de las personas que reciben ayudas y subvenciones municipales por encima de un determinado importe y de los contratistas con el sector público.

El equipo de Manuela Carmena someterá a consulta el borrador de la normativa, que será enviado al Pleno para su aprobación definitiva en el primer trimestre de 2016. La previsión es que se aplique antes de final de año.