La situación que se está viviendo en Pozuelo de Alarcón, con el caso McDonald, es tan impropia como innecesaria y nadie entiende la razón de tan extraño comportamiento político por parte de sus autoridades. En realidad, por parte de la alcaldesa Quislant que, a fin de cuentas, es la responsable final de todo lo que sucede en el Ayuntamiento.

En el Ayuntamiento de Pozuelo se están sucediendo, presuntamente, tal cantidad de acciones u omisiones típicas, antijurídicas, culpables y punibles que se diría que estamos ante la presunta comisión de algo indebido o, al menos,  prohibido y, en todo caso, denunciable. Una denuncia que, de perderse ante los tribunales, le costaría una gran cantidad de dinero a los vecinos de esta ciudad que son los paganinis de todo. A veces, esto se les olvida a los políticos.

Con la acción llevada a cabo el viernes pasado, en la que se decidía parar la obra de la construcción del McDonald y de otros edificios que se están construyendo, por razones técnicas poco claras, como había pedido la extraña Asociación de vecinos de Somosaguas Centro, se está poniendo, por elevación, a esta ciudad en una situación de inseguridad jurídica nada beneficiosa para ella. Y menos cuando, todo parece indicar, que dentro de poco tiempo se va a poder empezar a construir en ARPO.

¿Qué empresas se van a implicar en grandes inversiones si, en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, te pueden dar una licencia de obra, te la pueden ratificar unos días después de que se haya resuelto el recurso preceptivo, que empieces a construir porque todo está con arreglo a la ley (las licencias, recuerdo, son procedimientos reglados)  y que, tres meses después de haber empezado la obra, te la paren porque hay un nuevo recurso (aunque estudié derecho, el procesal no era mi fuerte y no recuerdo como se le conoce) basado en algo que los técnicos se niegan a firmar porque está más relacionado con el capricho de unos cuantos que con la propia exigencia de la ley?

¿Estamos asistiendo a lo que podría llamarse baja calidad institucional?

Lo pregunto porque es bien sabido que la baja calidad institucional, como está pasando en este caso presuntamente, ocasiona una inseguridad jurídica que tiene un fuerte impacto en la economía, principalmente a través de una reducción de las inversiones.

Si será importante este tema de la seguridad jurídica que la propia Constitución Española de 1978, en su artículo 9.3, la defiende con claridad. Y, aquí, en Pozuelo, está sucediendo, presuntamente, lo contrario.

Pero hay más. Estas acciones u omisiones tan raras están produciendo también una gran desconfianza entre muchos pozueleros. Los vecinos de esta ciudad empiezan a pensar ¿por qué el Gobierno está prestando tanta atención a algo menor? Como he dicho muchas veces, la obra del complejo urbanístico no está dentro de la urbanización Somosaguas Centro. Está fuera. Es independiente. Y, como digo, ya hay muchos ciudadanos (concejales del Gobierno incluidos) que no entienden las razones de las decisiones que se están tomando por lo que supone un agravio comparativo.

¿Qué diferencia hay entre la construcción legal, como asegura la Gerencia de urbanismo en dos ocasiones, de este complejo urbanístico con la de tantas decenas de licencias que se han otorgado y que han permitido la construcción de locales no queridos por los vecinos pero que han tenido que aguantarse porque lo permite la ley?

¿Por qué aquí se vuelve a cuestionar por tercera vez una licencia y no se hace igual en tantos otros lugares?

¿Por qué molesta tanto tener un McDonald a ciento cincuenta metros como para que el Gobierno del Ayuntamiento se ponga incomprensiblemente en marcha y, en cambio, se quede quieto ante el ruido insoportable de una discoteca bajo una casa, como en el caso que contaba Tono Rueda en su artículo?

Ejemplos como estos podría poner por docenas. Basta con salir a la calle. Presuntamente, agravios comparativos en estado puro.

Porque agravio comparativo, y debo recordarlo, es el daño u ofensa que se hace a una persona o cosa al ser tratada de modo diferente que a otra de su misma condición o en una misma situación. Y eso es denunciable.

Vuelvo a insistir ¿a qué viene este proceder tan impropio e innecesario del Gobierno que está dejando a la ciudad de Pozuelo a los pies de los caballos?

¿Por qué está arriesgando tanto la alcaldesa Quislant? Susana es una experta jurista, al menos eso dicen en el PP.

¿Por qué está permitiendo cosas tan, presuntamente, extrañas como están sucediendo y que tanto daño le están haciendo a esta ciudad? Susana, además, es una experta en urbanismo, al menos eso era lo que decía la Olvidable Adrados.

¿Quién está presionando de verdad para que esto esté sucediendo? ¿Quién?

También puede ser que esta locura se deba a un acto reglado, eso sí, de cabezonería.

El Capitán Possuelo