(19-08-15) El Gobierno de Manuela Carmena comenzará después del verano a practicar su particular reestructuración de la Policía Municipal, con la eliminación de las principales competencias de las Unidades Centrales de Seguridad (UCS). En la práctica, serán despojadas de sus principales atribuciones «antidisturbios»; la alcaldesa culminará, así, el deseo de eliminar lo que la coalición de izquierdas que encabeza considera la «labor represiva» del Cuerpo local.

Desde que llegara al poder el 13 de junio pasado, el concejal delegado del área, Javier Barbero, no escondió su interés en diluir de algún modo la labor de las UCS e incluso de la Unidad de Información con que cuenta también la Policía Municipal. Dado su desconocimiento en la materia, Carmena y su equipo eligieron de asesor al oficial de la Unidad de Medio Ambiente, Andrés Serrano, a la sazón militante de Podemos y abiertamente «anti-UCS». Al principio de este verano, y como venía adelantando ABC, fue nombrado director general de la Policía Municipal. Es decir, el mando político del Cuerpo, por debajo del edil Barbero y por encima del inspector jefe Francisco Caletrio. Al día siguiente de su ascenso (y pese a la celebración en ciernes del evento de seguridad más importante de cada año, el Orgullo Gay), Serrano se fue de vacaciones.

Pues bien, ya ha vuelto y con su hoja de ruta perfilada. Según ha podido saber ABC, el pasado 7 de agosto comunicó a representantes sindicales que las UCS dejarán de participar en desahucios, en manifestaciones y demás concentraciones y protestas. Sus labores se limitarán a apoyar a las Unidades Integrales de Distrito en fiestas populares con grandes concentraciones de personas y en inspecciones conflictivas a locales de ocio, por ejemplo.

Además, Serrano parte de la idea inicial de eliminar uno de los dos grupos de UCS o disminuir su plantilla e integrar a esos agentes en otras funciones o incluso patrullar en binomios como refuerzo a los distritos.

La modificación de esta estructura y de sus actividades se empezará a acometer a partir de septiembre u octubre, al inicio del otoño. Afectará por lo tanto a los alrededor de 240 agentes que conforman estas Unidades especiales «antidisturbios», muchos de ellos destinados temporalmente a ellas y que carecen de plaza fija.

El sindicato CSIT-UP apuesta por las patrullas en binomio, de modo que los distritos dispongan de personal más preparado para una mejor reacción en intervenciones complicadas, tanto a nivel de formación de esos agentes como en lo que respecta a material especial (escudos, cascos, defensas…); sin embargo, se muestra contrario a la eliminación de agentes y partidario de que no participen en desahucios. «Muchos de nuestros afiliados manifiestan su incomodidad ante una situación tan desagradable como echar a alguien de su casa», explican desde la central sindical. Las mismas fuentes esperan que Andrés Serrano tenga en cuenta sus reclamaciones antes de tomar una decisión definitiva.