El Gobierno de la Comunidad de Madrid acusa a 14 de los 43 imputados por Ruz, entre los que no está Sepúlveda, el ex alcalde de Pozuelo

(05-01-15) El primer escrito de acusación por la investigación principal del ‘caso Gürtel’ llegó al despacho del juez Pablo Ruz el pasado lunes, a poco más de un mes de cumplirse seis años de la operación con la que la Audiencia Nacional que desarticuló la trama corrupta.
Se trata de la acusación formulada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que reclama 18 años de prisión para el presunto líder de la red, Francisco Correa. Pero la acusación más elevada, 22 años de prisión, recae sobre Alberto López Viejo, que llegó a ser consejero de Deportes y viceconsejero de Presidencia en los gobiernos de Esperanza Aguirre.
El Gobierno de la Comunidad acusa a López Viejo de seis delitos y, si fuese condenado, López Viejo podría llegar a cumplir de manera efectiva hasta 18 años de cárcel (el triple de la pena más alta impuesta).
Además de las penas de prisión, el abogado del Ejecutivo autonómico reclama para López Viejo un total de 50 años de inhabilitación y una multa de algo más de 4,3 millones. Igualmente, y de forma solidaria con el resto de acusados, deberá indemnizar a la Comunidad de Madrid con otros 4,9 millones, cantidad que correspondería al beneficio obtenido ilegalmente mediante los contratos con la trama.
El escrito del Ejecutivo regional acusa sólo a 14 de los 43 imputados por Ruz, ya que se limita a actuar contra aquéllos que supuestamente perjudicaron al erario de la Comunidad. Eso supone que no se acusa -de hecho, ni se le menciona- al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. Tampoco a los alcaldes populares de Majadahonda Guillermo Ortega y de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.
Al escrito de acusación del Gobierno de la Comunidad seguirán en los próximos días los del resto de acusaciones, conforme se acerca el plazo máximo de 30 días que concedió el juez instructor en el auto en el que fijaba el primer banquillo de Gürtel a 43 imputados. El más relevante será, sin duda, el de la Fiscalía Anticorrupción.