El Ministerio del Interior ha aprobado este miércoles el acercamiento de ocho presos de ETA, siete a cárceles del País Vasco y otro más a Navarra. Con este nuevo acercamiento, casi tres de cada cuatro presos etarras cumplen su condena en prisiones de estas dos comunidades autónomas. Entre los etarras trasladados están dos condenados por el asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril y otro por el secuestro de Ortega Lara.

En un comunicado difundido este mismo miércoles, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha mostrado su rechazo a estos acercamientos y ha recriminado al Gobierno de Pedro Sánchez que no escuchara «el clamor» de la concentración celebrada el pasado sábado 26 de marzo en la Plaza de Colón de Madrid.

Entre los etarras acercados está Álvaro Arri Pascual, que dejará la cárcel de Burgos para ir a una del País Vasco.

Es el único de los ocho al que progresa al tercer grado, de acuerdo a la propuesta elevada por la Junta de Tratamiento, según recoge Europa Press. «Consta escrito de desvinculación de la actividad terrorista», según Instituciones Penitenciarias, que ha estudiado un total de 18 solicitudes de traslados, autorizando ocho de ellos. Arri Pascual cumple condena de 30 años por matar al teniente general Francisco Veguilla Elices, el conductor civil del Ministerio de Defensa Francisco Joaquín Martín Moya y al empleado del Ballet Nacional César García Contonente.

Según recuerda la asociación, entre los terroristas acercados suman 16 asesinatos y que este beneficio se les ha otorgado sin exigirles ninguna colaboración con la Justicia, ni arrepentimiento ni tampoco perdón

Condenados por delitos de sangre

Otro de los presos etarras con más víctimas mortales (8) acercado es Mikel Azurmendi Peñagaricano. Deja la cárcel de El Dueso para ir al País Vasco. Cumple condena por los asesinatos de Miguel Peralta Utrera,Juan José Hernández Rovira, Francisco Joaquín Martín Moya, César García Contonente y Francisco Veguillas Elices.

También fue condenado a 351 años de prisión como responsable del atentado que causó la muerte de Miguel Ángel Ayllón Díaz-González, así como a 30 años por el asesinato del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril Barrio y su esposa Ascensión García Ortiz.

Otro de los condenados por el asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril también será trasladado. Se trata de José Luis Barrios, que dejará la cárcel de Zuera (Zaragoza) para ir a la prisión de Pamplona. Según la AVT, en su caso cumple una condena acumulada de 30 años por este crimen y también por matar a Domingo Puente.

El etarra Jon González González dejará la cárcel de Pamplona para ir a la prisión de Martutene (Guipúzcoa) . Fue condenado a 377 años de cárcel por tratar de matar con un artefacto explosivo adosado a un carrito de la compra a la exteniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo, del PSE. En la prisión de Martutene le acompañará Idoia Mendizabal Múgica, que ahora estaba cumpliendo una condena de 18 años en la cárcel de Pamplona. Mendizabal fue condenada por intentar asesinar a la delegada de Antena 3 en el País Vasco, María Luis Guerrero, a la que enviaron un paquete explosivo el 17 de enero de 2002 que pudo ser desactivado.

Juan Luis Aguirre Lete será trasladado desde la cárcel de Soria a la prisión de Zaballa. Cumple condena por los asesinatos de Dionisio Herrero Albiñana, Fernando Múgica Herzog y por ordenar el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara.

Garikoitz Arruarte Santa Cruz irá desde la cárcel de Pamplona a la prisión de Martutene. Fue condenado por la Audiencia Nacional a 20 años de cárcel por el atentado frustrado en la Nochebuena de 2003 mediante la colocación de dos maletas-bomba en un tren que salía ese día de Irún (Guipúzcoa) y llegaba a Madrid. En este caso, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha resuelto, por la vía del artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario, el mantenimiento del interno en segundo grado.

Iván Apaolaza Sancho, por su parte, dejará la cárcel de Logroño para ir a la de Martutene. Fue condenado a 123 años de cárcel por su participación en el atentado mediante coche-bomba que costó la vida, el 21 de enero de 2000, al teniente coronel Pedro Antonio Blanco García.

La AVT ha señalado que en la nota en la que Interior les informó del primer traslado de prisión de Apaolaza Sancho se apuntaba a que «había pedido perdón por el sufrimiento provocado», algo que desde la asociación niegan «rotundamente».

Según los datos de la AVT, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno a mediados de 2018 se han aprobado 310 traslados de prisiones, correspondientes a 202 etarras. Al País Vasco se han aprobado ya 109 acercamientos y a Navarra otros 19. De ellos, 17 han sido previa progresión al tercer grado y otros siete traslados se han motivado por enfermedad.

Este mismo miércoles, la AVT ha alertado de una posible «excarcelación masiva» de presos de ETA si el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, no recurre el último fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dio la razón al etarra Xabier Atristain en que no pudo acceder a un letrado de su elección mientras estaba en detención incomunicada en 2010 ni tampoco hacerle consultas.