El Tribunal de Cuentas echa en falta documentación acreditativa de la idoneidad de los candidatos en el relevo de directivos en las empresas del sector público en 2018, año en el que el PP salió del Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy y que propició la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez.

Así lo constata el Tribunal en su ‘Informe de fiscalización del sistema retributivo y de designación o contratación de los órganos de gobierno y dirección de las entidades del sector empresarial estatal no financiero, ejercicio 2018’, que analiza una muestra de once entidades de distinta naturaleza jurídica.

NOMBRAMIENTOS REALIZADOS “CONFORME A LA NORMATIVA”

Ese año fueron sustituidos los responsables de ocho de las once empresas fiscalizadas, así como un “número significativo” de sus directivos. Todos los nombramientos, remarca el Tribunal, “se hicieron conforme a la normativa”, pero no fueron acompañados de la documentación acreditativa de la idoneidad de los candidatos designados, por lo que recomienda acompañar los nombramientos con esta información.

Otra de las recomendaciones del Tribunal es limitar la concentración de delegaciones de voto de los consejos de administración en los presidentes ejecutivos, con el fin de evitar posibles desequilibrios en la toma de decisiones.

850.000 EUROS EN DIETAS POR ASISTIR A LOS CONSEJOS

Durante ese año, las compensaciones por asistencia a las reuniones de los consejos de administración ascendieron a 850.000 euros, una parte de los cuales correspondieron a los devengados por altos cargos e ingresadas en el Tesoro.

En su fiscalización, el Tribunal analiza la composición de los consejos de administración, la asistencia a las reuniones y las retribuciones económicas recibidas, y fiscaliza sus nombramientos y ceses de presidentes y directivos en dichas empresas, los contratos y sus sistemas de retribuciones.

Salvo alguna excepción, constata que las entidades formalizaron adecuadamente los contratos de los directivos y los importes de las retribuciones no superaron los límites establecidos por el Ministerio de Hacienda.