Con el agua hasta el cuello por el ‘Caso Dina’, el Gobierno de Pedro Sánchez intentará ir contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para lanzarle un ‘salvavidas’ al líder del partido de extrema izquierda.

Este martes 13 de octubre de 2020, el PSOE y Podemos anunciaron en el Congreso de los Diputados la presentación de una proposición de ley para reformar la composición del Consejo General del Poder Judicial.

Sin embargo, con el tiempo en contra para evitar la imputación de Iglesias, dejaron claro que su objetivo es realizar el trámite de forma urgente. Es decir, en sólo “dos meses”, sin consenso y sin los controles de órganos constitucionales.

Los portavoces parlamentarios de PSOE y Podemos en la Cámara baja, Adriana Lastra y Pablo Echenique, anunciaron la medida que supone una clara amenaza a los jueces que se atrevan a fallar en contra de los partidos de izquierda, así como para el Tribunal Supremo.

A pesar de los constantes ataques de Podemos al Estado de Derecho, a los jueces (como ha quedado demostrado con las sentencias de la violenta Isa Serra o con la petición de una investigación contra Iglesias) y a la Monarquía parlamentaria, el PSOE reconoce que trabajará y presionará para lograr que los vocales del partido de extrema izquierda entren al Consejo General del Poder Judicial.

“El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe”, intento justificar Echenique el ataque al Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, se guardó un dato que deja en evidencia a Podemos, como es que ahora reducirán aquí por la vía rápida la mayoría de dos tercios para dejarla en mayoría absoluta.

El PSOE y Podemos están sacando provecho de una argucia legal para que, en lugar de optar por un proyecto de ley emanado del Consejo de Ministros, puedan evitar que el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal y el propio CGPJ tengan que pronunciarse en informes no vinculantes sobre la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Muy propio de dictaduras.

Como es evidente, un Consejo General del Poder Judicial construido a favor de los intereses del Gobierno de Pedro Sánchez echaría por tierra una investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de tres delitos en el ‘Caso Dina’, así como sobre los pagos irregulares a la consultora ‘Neurona’ o su ‘Caja B’.

La reformación del Poder Judicial a favor de los intereses del Gobierno fue una de las jugadas clave de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua para garantizar toda su impunidad ante los actos de corrupción, atropello y violación de Derechos Humanos. Un modelo que ha sido defendido por figuras de ambos partidos.

La Tarántula
(Gentileza de Periodista Digital)