La juez de instrucción número 5 de Leganés ha rechazado estudiar una querella de familiares contra varios responsables de residencias de ancianos y consejeros de la Comunidad de Madrid. La resolución supone un varapalo para los querellantes a los que acusa de basarse en “conjeturas”. Disculpa al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de alegar que el covid 19 es una enfermedad de la que aún se desconocen sus efectos o que la falta de materiales de protección era “una carencia estatal”.

La querella acusaba a la Comunidad de Madrid y a varios consejeros de una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. Sin embargo, la magistrada Mónica Boticario alega en su auto al que tenido acceso Vozpópuli que la covid-19 es “una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado” hasta el día de hoy “como demuestra la situación de ‘segunda ola’ con numerosos rebrotes en todo el territorio nacional”.

El Juzgado de Leganés recibió la querella el pasado 28 de mayo. La firman 11 familias de ancianos. Varios de sus mayores han muerto y otros resultaron contagiados en residencias del municipio madrileño de Leganés. Apostaron por la vía penal y la querella se presentó contra diversos directores de centros geriátricos y consejeros de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso.

Les acusaban de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante. Sin embargo, la juez considera que “no se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad”. En algunos de sus razonamientos jurídicos incluso secunda algunos de los argumentos esgrimidos por la presidenta madrileña desde el inicio de la pandemia, como las dificultades con las que se encontró su administración a la hora de adquirir material sanitario de protección.

“Por lo que respecta a los querellados de carácter político, por más que se insista en la querella en que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal, que hubo de comprarlo de manera urgente a otros países, que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial”, dice el auto dictado el 18 de agosto.

En ese sentido, la magistrada añade que “tampoco el Estado español, autoridad suprema en la materia desde la declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, garantizó esas dotaciones”. En su exposición de argumentos, incluye un dardo contra el Gobierno de Pedro Sánchez al recordar “la polémica suscitada en cuanto a la compra de test masivos a una empresa china que luego resultaron inadecuados para el fin para el que fueron adquiridos”.

Para desmontar la acusación por homicidio, el auto argumenta que es la pandemia la que hizo enfermar a estas personas “y no la actuación de los directores de la residencias o de los consejeros querellados de la Comunidad de Madrid”. “De la descripción que se hace sobre los pasos seguidos por la Comunidad de Madrid para responder a dicha situación de alarma social no se desprende indicio alguno de la comisión de uno varios ilícitos”, concluye.

La juez destaca en su auto que no todos los casos relatados en la querella son iguales: “Hasta en cuatro de los casos no se habla ni de sintomatología compatible con la covid-19, ni menos aún de prueba de diagnóstico positiva. En todos estos casos se produjo el fallecimiento sin signos”. Destaca que en otros dos casos solo hubo contagio, sin fallecimiento, pero no fue posible determinar cuándo y dónde se produjo el contagio.

El auto supone un varapalo para los familiares, a los que acusa de sostener su acusación con meras “prospecciones” y “sin indicio alguno en que basar sus sospechas de actuación irregular por parte de las residencias y de la Comunidad de Madrid”. La juez reprocha que la querella utilice expresiones como “pudieron determinar”, “es probable que”, “pudiera haber habido”. Por ello, califica como “meras conjeturas” la tesis de la querella.

La juez sale también en defensa de la residencias de ancianos al destacar que el personal de estos centros también se contagiaron de forma masiva poniendo “en peligro sus propias vidas para intentar salvar al mayor número de gente”. “Lo que no es exigible a una persona es prestar un auxilio que no está en sus manos, que supera con crecer lo razonable y moralmente exigible”, añade.

Con todo, la resolución deja la puerta abierta a los familiares que emprendan acciones legales para tratar de reclamar responsabilidades en el ámbito civil o administrativo. Actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía que tendrá que pronunciarse sobre esta decisión de no admitir a trámite la querella. Contra esta medida, cabe todavía la posibilidad de recurrir en apelación.