Vox ha presentado este martes ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid una querella contra el Delegado del Gobierno en esta región, Francisco Martín, al que le atribuye presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos y de prevaricación administrativa por omisión, y contra los promotores y organizadores de la acampada de Sol, que empezó hace más de dos semanas, por un presunto delito de reunión ilícita, por no impedir la presencia de «objetos peligrosos», según ha informado el partido.

Entre esos promotores y organizadores, la formación cita a los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Alicia del Río, Valeria Racu, Carolina Vilariño y Fernando de los Santos, que es la organización que convocó la manifestación a la que siguió la acampada; también a las portavoces de la Coordinadora Juvenil Socialista, Carlota F. y Marta Hernández, que es la entidad que encabezó la marcha que el pasado fin de semana salió de Sol, y a Quico C., miembro de la Comisión de Urbanismo de la acampada. Y a aquellos que durante la instrucción se les identifique igualmente como promotores y organizadores de la misma.

Vox señala en su querella que las reuniones en lugares de tránsito público, como es la Puerta del Sol, «exigen comunicación escrita a la autoridad gubernativa», como mínimo con diez días de antelación o con 24 horas si es urgente, y esa comunicación no se ha producido. Además, alude a las informaciones que trasladan que en las tiendas del campamento se detectaron cuchillos, así como a los daños que se han producido en elementos del patrimonio. También, a la detención de dos hombres que atravesaron el cordón de seguridad de la Casa de Correos y trataron de atacar a agentes de la policía, a las amenazas y pintadas denunciadas y los incidentes con periodistas.

En su texto, la formación de Santiago Abascal se hacen eco también de las quejas de comerciantes y trabajadores de la hostelería sobre las «cancelaciones, caída de clientela, suciedad y malos olores» en esa zona.

«En un Estado democrático de Derecho no cabe amparar tras el derecho fundamental de reunión que un colectivo organizado se apropie de forma indefinida de un espacio público, interrumpa la libre circulación, cause serios perjuicios a los comerciantes de la zona, deteriore el patrimonio cultural u obstaculice la labor periodística y, en definitiva, actúe al margen del ordenamiento jurídico sin consecuencia alguna», afirma Vox.